La política no debería ser un objeto del deseo únicamente por los privilegios que le puede brindar a unos cuantos que se convierten en representantes de otros por medio de elecciones.

Las condiciones de trabajo de los diputados en particular, pero de cualquier funcionario en general, deben ser coherentes con la situación que atraviesa el país. En una situación de grave crisis económica y fiscal no se pueden continuar dando privilegios onerosos a los funcionarios, y mucho menos obligando a los ciudadanos a que paguen por ellos.

El pasado mes de abril venció el plazo para que los contribuyentes pagáramos el impuesto sobre la renta, al mismo tiempo que se conocían varias iniciativas por parte de los parlamentarios para otorgar mayores privilegios. Por un lado, algunos proponían dar un año


Envían al archivo propuesta de brindar PPI a diputados salientes


más de seguridad privada a los diputados salientes argumentando que eran personas en “alto riesgo”. Además, se aprobó la entrega de un bono parcial en el mes de abril


Diputados justifican entrega de bonos


para beneficiar a los diputados salientes. Y la cereza en el pastel fue la conformación de la Junta Directiva de la Asamblea: los ciudadanos piden reducir el número de miembros de la junta de 14 a 7; sin embargo, solo se redujo a 11.

Los privilegios de los miembros de Junta Directiva explican en buena medida el interés tan grande de los partidos por “subirse” en ella: mayor retribución, camioneta de lujo, celulares, presupuestos abultados para contratación de personal, entre otros. Esos privilegios se deben restringir o incluso eliminar de acuerdo a una lógica que nos impone una sociedad democrática que busca un desarrollo sostenible.


Directivos de Asamblea regresan carros de lujo


No podemos aceptar que los funcionarios paguen con nuestros impuestos seguros médicos privados o seguridad privada para ellos o para las instituciones, ya que se convierten en desincentivos naturales para que busquen soluciones reales a la grave situación de la salud pública y de la seguridad ciudadana, entre otros.

Los funcionarios no son semidioses ni seres extraordinarios, deben ser personas con vocación de servicio cuya primera razón para asumir un cargo no puede ser en definitiva los privilegios que esa función puede darle. Si han vivido con un salario normal, sin guardaespaldas, sin chofer, etc., deberían seguirlo haciendo una vez hayan asumido el cargo. La situación en la que se encuentra el país no permite muchas veces que los ciudadanos accedan a una vida digna.

Por lo tanto, los funcionarios no pueden aspirar a privilegios sin que hayan resuelto antes muchos de los problemas que aquejan a la sociedad. Una vez resuelvan y veamos resultados verificables (no discursos), entonces podríamos los ciudadanos pensar en autorizar privilegios para los funcionarios.

Diputados, bájense de sus camionetas (o al menos bajen los vidrios polarizados y quiten un rato el aire acondicionado) y sientan el humo que respiran los que andan a pie y en bus. Salgan sin sus escoltas para que sufran los problemas del tráfico en la ciudad. Caminen para que tengan que “aventarse” a la calle como lo hacen los discapacitados, no videntes, personas mayores, niños, madres y padres con bebés porque los carros se han “tomado” las aceras. Vivan en el campo para que sientan lo que es tener que ir a buscar agua al río con un cántaro en la cabeza o la leña para el fueguito.


  • Por: Roberto Ocampo