La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó hoy una demanda de inconstitucionalidad contra la reciente aprobación de la reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (Ley FOP), donde el Gobierno puede hacer uso de los fondos de pensiones para pagar las mismas.
La medida cautelar – según el comunicado emitido tras la sentencia – es “la suspensión provisional de la reforma, y el FOP no podrá emitir certificados de inversión previsionales para amortizar la deuda derivada de las inversión previsional previamente emitidos, mientras se tramita el proceso”.
Con estos fondos, el Gobierno pagó $71 millones que le debía a las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP), pero sería con el dinero de los mismos trabajadores que se realizaría dicho pago.
Fueron los diputados del FMLN, GANA, PDC y PCN los que avalaron dicha reforma. Una semana después, el diputado de GANA, Guillermo Gallegos presentaba una iniciativa para permitir cerrar esta reforma, y que se utilizara solo por esta vez.