Diputados aprobaron ayer durante la plenaria legislativa -con 44 votos del FMLN, GANA y los diputados del PCN Francisco Merino y Reynaldo Cardoza- ratificar el Estatuto de Roma, y con ello, permitir que la Corte Penal Interamericana (CPI) pueda juzgar delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que puedan ser cometidos por connacionales.

Previo a la votación, el grupo parlamentario de ARENA manifestó que no acompañaría la aprobación del dictamen, puesto que algunos puntos del documento riñen con la Constitución de la República. De  la misma forma, el coordinador del grupo parlamentario de PCN, Mario Ponce, manifestó que tampoco acompañaría con sus votos dicho dictamen. La posición del partido azul fue dividida.

“Los que vamos a votar en contra (del PCN) pedimos que el dictamen regrese a la Comisión de Relaciones Exteriores. Así como está redactado es inconstitucional”, aseguró Ponce, además añadió que en PCN “no hay una postura oficial del partido con respecto a este dictamen. Hoy hemos dado libertad a nuestros diputados que voten a conciencia”.

 Según Ponce, hay que reformar algunos artículos de la Constitución de la República para adaptar el estatuto. “Así como está (el Estatuto) no vaya a ser y un ‘iluminado’ venga y demande al presidente ante la Corte porque unos militares se enfrentaron a unos pandilleros y los asesinaron. Es una suposición”, manifestó.

Mientras, el diputado tricolor, René Portillo Cuadra, brindó detalles del por qué su partido no se adhirió a la propuesta de ratificación. Según el legislador, antes de aprobarlo, se debieron reformar algunos artículos de la Constitución de la República. Por ejemplo, la Carta Magna no contempla la extradición de un connacional, ni tampoco las penas a perpetuidad.

“Reconocemos que el Estatuto plantea el fin a la impunidad contra delitos de lesa humanidad, ese  es el espíritu. Pero ARENA se abstendrá de votar porque va en contra de distintos puntos de nuestra Constitución”, dijo Portillo Cuadra.

Además, el legislador señaló que la normativa nacional no contempla penas a perpetuidad y citó el artículo 27 de la Constitución, que en su inciso segundo expresa que “se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”.

“Como ven, no se necesita un análisis jurídico profundo para reconocer que hay diferencias con nuestra legislación”, afirmó el diputado Portillo Cuadra.

Aunque para los diputados que votaron a favor de la ratificación como Reynaldo Cardoza, del PCN, manifestó que “no se trata de un instrumento para perseguir a los actores del pasado conflicto armado”.

“Al principio dudaba en dar mi voto para esta ratificación. Pero es claro, no es retroactiva. Que me diga alguien que este instrumento va a afectar a los actores de la guerra, tengan la seguridad que no votaría por algo así”, mencionó Cardoza.

Al respecto, el diputado Guillermo Gallegos criticó la postura de ARENA al asegurar que existía hipocresía de su parte. “No es posible que digan que estamos vendiendo soberanía, cuando por un lado exigen se cree una CICIES y por el otro no quieren ratificar el estatuto”, aseguró.

Gallegos dijo que “el principal temor con respecto al estatuto quizás no sea la Constitución, sino la retroactividad pero eso no es así. La Corte Penal Internacional puede enjuiciar a terroristas, y acá hay terroristas, nombradas así a las pandillas por la Sala de lo Constitucional”.

El Estatuto de Roma contempla el juzgamiento de delitos de lesa humanidad a partir del 2002, y aunque estipula no juzgar por casos del pasado, uno de sus incisos dice que se puede revisar algunos casos, algo que señaló Mario Ponce como ‘peligroso’.

Solo Nicaragua y El Salvador eran los únicos países que no lo habían ratificado hasta ayer, con la adhesión del país a este acuerdo.