Esta mañana fueron presentadas dos piezas de correspondencia que tienen como objetivo crear una alternativa sostenible de desarrollo económico y social para el sector agropecuario del país. 

Una de las piezas propone la creación de la Ley de Compras Públicas de la Producción de Agricultura Familiar de El Salvador. La normativa estaría compuesta de 27 artículos y con ella se pretende establecer mecanismos para el fomento de la agricultura familiar por medio de la adquisición de alimentos en cualquier modalidad para el consumo humano. Los cuales serían destinados a los programas, prestaciones o servicios que preste el Estado salvadoreño. 

El anteproyecto de ley propone que la compra de alimentos sean promovidas por el Sistema Nacional para el Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas. Además, señala que para la adquisición, suministro y entrega de alimentos preparados, será obligatorio adquirirlos localmente. 

Añade que en caso de emergencias o desastres, las compras deberán dar prioridad a los mercados locales de productores de agricultura familiar, mercados y centros de abastos del municipio y centros de abastos a escala departamental. 

Otro de los puntos que expone es que en el primer año de vigencia de la ley, la obligatoriedad de la compra de alimentos será del 25 %, al tercer año será de 50 % y después del quinto año, 75 %. 

Refomas a LACAP

La otra pieza se refiere a la propuesta de reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). La pieza señala que se añada el literal J al artículo 4 de la ley.  

El diputado José Andrés Hernández mencionó que la referida ley coloca un exceso de tramitología que afecta y pone en desventaja al sector agrícola nacional. “Estamos pretendiendo reformar el artículo 4 incluyendo un literal J que va a excluir cierta tramitología que es innecesaria, y que viene a poner en desventaja a los productores nacionales”, dijo el diputado José Andrés Hernández.