Quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos 3 suplentes, resolvieron hoy prevenir a dos instituciones públicas y dos bancos privados para que proporcionen la información requerida por la Sección de Probidad que investiga al menos 13 casos de enriquecimiento ilícito por parte de algunos funcionarios.
El máximo tribunal previno al jefe del Registro Público de Vehículos Automotores del Viceministerio de Transporte; al Director del Centro Nacional de Registro (CNR); y a los representantes legales de los Banco de América Central y G&T Banco Continental, para que atiendan los requerimientos de la Sección de Probidad.
Los magistrados explican que las instituciones podrían estar cometiendo el delito de desobediencia, y de desobediencia de particulares; establecidos en los artículos 322 y 338 del Código Penal.
La Sección de Probidad está verificando la veracidad de las declaraciones juradas de patrimonio, y puede requerir la información que sea necesaria a los bancos, instituciones financieras, instituciones públicas y privadas y a personas naturales y jurídicas, sostiene la resolución.
Los magistrados recuerdan a las instituciones que la Sección de Probidad es un órgano para indagar los posibles actos de enriquecimiento ilícito que hayan cometido funcionarios al ejercer el cargo.
La Corte ya instruyó un juicio civil contra el diputado Reynaldo Cardoza del PCN por el posible cometimiento del delito de enriquecimiento ilícito. Cardoza no incluyó en su declaración jurada de patrimonio inmuebles y cuentas bancarias.
