Como parte de mis labores diarias, tengo la oportunidad de escuchar cada semana numerosas propuestas -formales e informales- que atentan contra la seguridad económica de los salvadoreños. A continuación, les comparto algunas que a mi parecer son las más  representativas:

1.    Desdolarizar la economía. No hay nacionalismo económico más peligroso que otorgarle a políticos como los nuestros el monopolio sobre la producción del dinero. Países enteros han colapsado por permitir semejante locura. No obstante, existen grupos que creen que esto sería beneficioso para el país, pues permitiría al Estado sufragar sus costos y dinamizar la economía. La verdad es que, dada la alta propensión de nuestra clase política por el gasto público y los grandes déficits, no tardarían mucho en imprimir una montaña de billetes y en crear una espiral inflacionaria. Como consecuencia, todos aquellos que viven de un salario fijo y que no gozan de un “escalafón salarial”, recibirían un golpe directo a sus billeteras, pues sus salarios perderían gran parte de su poder adquisitivo con cada serie de billetes nuevos puestos en circulación.

2.    Estatizar las pensiones. Bajo la bandera de que el actual sistema de capitalización individual no funciona, algunos líderes han propuesto devolver al Estado la administración de los ahorros asociados a la jubilación. Dicha propuesta, encima de representar un regreso al pasado, implicaría un riesgo financiero para los pensionistas y sus familias. Conociendo la lógica redistribucionista con la que operan los sistemas de pensión público, es muy probable que se imponga un esquema de ahorro estilo Ponzi con prestaciones extraordinarias insostenibles en el tiempo, las cuales únicamente se podrán pagar aumentando los impuestos y reduciendo las prestaciones a cada nueva generación de beneficiarios.

3.    Aumentar los impuestos. Ante la emergencia fiscal que atraviesa el gobierno, algunos expertos han declarado que es necesario aumentar la carga tributaria hasta que duela. Al respecto, es importante aclarar dos asuntos. En primer lugar, la medida no resolvería los apuros económicos del sector público, ya que por lo general, el gobierno tiende a derrochar dinero muchísimo más rápido de lo que entra. En segunda instancia, los impuestos castigan el progreso. De hecho, cuando el gobierno extrae riqueza del sector privado, lo inhibe de expandir sus operaciones. Por consiguiente, se generarían menos empleos, los salarios se estancarían y los consumidores se verían impedidos de acceder a mejores y más baratos productos.

4.    Congelar los precios. El afán por proteger a los consumidores y la pasión por la planificación económica ha inspirado a varios de nuestros representantes a esbozar justicieros planes para regular los precios de ciertos productos y servicios. Al parecer, 46 siglos de historia y un sinfín de teoría económica no es suficiente para persuadirlos de que fijar precios provocaría serios desequilibrios económicos. Contrario a los supuestos beneficios que buscan generar, la regulación de precios traería consigo altos niveles de desabastecimiento y abusivos mercados negros, una situación claramente desfavorable para los compradores.

En suma, salvo que lo que se busca es causar malestar en la población, estas propuestas autodestructivas deberían ser descartadas inmediatamente. En su lugar, deberían de ser reemplazadas por medidas que fomentan la libertad económica; como por ejemplo, una moneda estable, el respeto a la propiedad privada, bajos impuestos, poco gasto público y la libre competencia.

* Por Andrés Pino, columnista de Curul 85