El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, anunció un nuevo intento por reducir los índices de delincuencia e inseguridad en que vive la población y es que luego de reconocer un incremento de homicidio en los últimos días, presentó y anunció nuevas medidas de seguridad.

El mandatario junto a su gabinete de seguridad dio a conocer el proyecto de Ley Especial contra el Delito de Extorsión; de acuerdo a investigaciones policiales y fiscales este delito en su mayoría se origina desde los diferentes penales del país donde se encuentran recluidos líderes de las pandillas que fueron traslados a penitenciarias con baja seguridad durante el proceso de tregua que inicio el gobierno del expresidente Mauricio Funes.

Con este proyecto el Órgano Ejecutivo pretende frenar uno de los principales modo de financiamiento de pandillas y grupos criminales; entre los aspectos que contempla el proyecto es el de aplicar sanciones a las compañías telefónicas que no cumplan con la orden de bajar su señal en las cercanías de las cárceles del país o bloquear las señales dentro de ellas.

Las multas a las que se podría ser acreedora una empresa de telefonía que no llegase a cumplir con la ley rondarían los $1.2 millones o la perdida de la concesión.

En lo que va del año se contabilizan 384 asesinatos; la medida que dio a conocer hoy el Ejecutivo están plasmadas ya en el plan “El Salvador Seguro”, producto del Concejo de Seguridad Nacional. Estrategia que en los últimos días se ha puesto en duda luego que el director de Centros Penales revelara que miembros de este concejo se reunieran en cárceles con reos para escuchar su opinión acerca del plan.

En otras medidas el mandatario también anuncio que adquirirán nuevo equipo para la Policía Nacional Civil “estamos por comprar un lote de armamento para la policía con fusiles y pistolas”.

También anuncio que solicitarán a la Asamblea Legislativa reformas a leyes para aumentar penas contra aquellos proporcione armas ilegales a delincuentes o grupos criminales y que están preparando el proyecto de ley de reinserción de pandillas y de personas en riesgos.