El diputado David Reyes, de ARENA, presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Compensación Económica al Transporte Colectivo ante la Corte Suprema de Justicia. Según el parlamentario, la aprobación de dicha ley se llevó a cabo sin debates y detalla que no se especificaron las fuentes de financiamiento del bono para buses ($2,800 por unidad) y microbuses ($1,400).

La demanda de inconstitucionalidad presentada por Reyes asegura que dicha ley tiene un efecto retroactivo, que permite a los empresarios del sector transporte cobrar la compensación económica de julio a diciembre del año pasado, inclusive cuando algunas unidades no circularon debido a la pandemia por covid-19. Asimismo, agrega que se violentó el principio de igualdad al beneficiar al sector del transporte colectivo, dejando de lado a otros que se dedican a diferentes actividades económicas.

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“La motivación más importante ha sido que se perdió la oportunidad de establecer condiciones para entregar el subsidio a fin de que los transportistas ofrecieran un mejor servicio a la población salvadoreña. No vemos un beneficio que se traduzca en atención digna para el 80% de la población que hace uso del transporte colectivo. Un servicio deficiente, nada amigable a las personas con discapacidad ni al adulto mayor, ni a las mujeres embarazadas pero que cobra un subsidio cuando ya no tiene ninguna razón de ser” mencionó.

La Ley Transitoria para la Entrega de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros fue prorrogada el 26 de noviembre del año anterior y tiene por objetivo mantener la estabilidad de las tarifas que los usuarios pagan por el servicio público de transporte colectivo de pasajeros.