Tras la declaración pública del Gobierno sobre el extravío de la información que contenía los viajes realizados por el ex presidente de la República, Mauricio Funes y la ex primera dama de la nación, Vanda Pignato, desde el 2009 hasta el 2014, el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la información considera que hay que deducir la responsabilidad de quiénes extraviaron dicha documentación.

“El Grupo Promotor considera inadmisible que información que ha sido reservada y, por tanto, está sujeta a un régimen de resguardo especial, haya desaparecido”, reza el comunicado del consorcio.

Además, el grupo considera que ya la misma normativa de acceso a la información contempla sanciones a quienes “oculten, sustraigan o destruyan la información”. Así como formar parte de los delitos reconocidos en el Código Penal, por lo que exigen individualizar responsabilidades al respecto.

Los promotores critican el extravío de la información, luego que en 2014 un oficial de información de CAPRES señalara que incluso existía una copia de dicha información. La presidencia señaló como responsables del extravío de la información a los ex funcionarios de Funes, e incluso presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El comunicado de los promotores reitera la obligación que tiene Casa Presidencial de reconstruir la información extraviada, tomando como base los archivos de cancillería, Aeronáutica Civil, Ministerio de Defensa, entre otras instituciones conocedoras del viajes del ex mandatario.

El grupo promotor señala que “ante estos hechos, el fiscal general de la República debe investigar para deducir responsabilidades y, por su parte, el IAIP deberá seguir un proceso sancionatorio por la posible destrucción de archivos presidenciales”.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia acordó hoy delegar un juez para que solicite la información de los viajes de Funes y Pignato. Este juez se encargará de solicitar la información de los viajes ante Cancillería, Migración, Cancillería entre otras.