La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador ha dictado sentencia en contra de la ex presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, y su hija Ana Virginia Guardado Peña, por un caso de enriquecimiento ilícito que asciende a $150,762.86. Esta decisión llega tras un exhaustivo proceso en el que, mediante evidencia pericial y documental, la Unidad Anticorrupción presentó pruebas convincentes de un incremento no justificado en el patrimonio de las acusadas durante el período de 2012 a 2018.

Los magistrados encargados del caso subrayaron la importancia de dos informes de pericia financiera contable, los cuales fueron fundamentales para establecer el aumento no justificado del patrimonio de Peña Mendoza y su hija. Aunque originalmente se presentaron demandas por 15 irregularidades, finalmente se comprobó la existencia de ocho.

En detalle, se identificó un incremento patrimonial indebido de $133,746.60 atribuido a Lorena Peña a través de cinco irregularidades, mientras que a su hija se le encontraron tres inconsistencias que suman $17,016.26. Las pruebas presentadas en la audiencia, incluidos los análisis de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), revelaron discrepancias en movimientos financieros, adquisiciones inmobiliarias y transacciones bancarias que no concuerdan con los ingresos legítimos de las demandadas.

Con esta sentencia, la Fiscalía logra una victoria al confirmarse la condena, que obliga a Peña Mendoza y su hija a reintegrar al Estado la cantidad por la cual se enriquecieron de manera ilícita. Además, ambas quedan inhabilitadas para ocupar cargos públicos durante una década, conforme lo establece la Ley de Enriquecimiento Ilícito de 1959.