Diputados coinciden en que se deben realizar “más que cinco preguntas a los aspirantes a magistrados”.

Zaída Romero / Ricardo Larín

Diputados de la Asamblea Legislativa coinciden en que el proceso de entrevistas para 30 candidatos a magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe mejorarse con relación a los presentados en elecciones pasadas.

Cinco preguntas ya no son suficientes y se debe escudriñar más a los candidatos, según los parlamentarios.

Mario Ponce, legislador del PCN, aseguró que esto es lo que se buscará mejorar en las próximas entrevistas – el listado fue recibido ayer por la gerencia de operaciones legislativas del congreso – y con ello, la próxima semana se ha convocado a la Comisión Política de la Asamblea, que podría conocer este expediente.

“Tenemos que entrarle de lleno a investigar los atestados de los candidatos para que no pasen personas con vínculos partidarios, que sean verdaderos juristas”, aseguró Ponce.

El diputado de Cambio Democrático (CD), Juan José Martel, pidió que el listado de interrogantes hechas a los candidatos no vaya a ser compartida con antelación, a fin que los aspirantes no las sepan con antelación. Martel fue más allá y pidió conocer quiénes financian a estos candidatos.

“Yo esperaría a que las preguntas no sean enviadas a los candidatos a magistrados y deben ser no menos de unas 20 preguntas las que se les realicen. A mí me gustaría saber, además, a qué grupo de poder económico obedecen, para saber a qué atenerse”, refirió Martel.

Por su parte, la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, explicó que el grupo parlamentario llevará propuestas de criterios a la Comisión Política para las entrevistas que se realizarán a los candidatos a magistrados de la CSJ.

“Vamos a aspirar que las personas que llevemos a la Corte sean capaces, honestas, honradas, con alta moralidad y que sepan lo que están haciendo; que respetan la independencia de poderes, la Constitución, sus roles”, indicó la legisladora.

Asimismo, Díaz recalcó que se buscará la independencia ideológica de los futuros magistrados, así como el no entorpecimiento ni el bloqueo por parte de dichos funcionarios públicos en las decisiones que se tomen en las diferentes instancias de Estado.