El gobierno utilizó esa cantidad de fondos propios para pagar deuda el año pasado.
Ricardo Larín / Gabriel Recinos
Diputados aprobaron hoy con 46 votos la transferencia de $122 millones al presupuesto general de la nación.
Esto a raíz de que el Ejecutivo utilizara esta cantidad con fondos propios para cancelar parte de las deudas del 2016, para lo cual se aprobó una emisión de bonos por $550 millones.
Con estos fondos se pretende financiar el complemento del pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) por $37.8 millones, cubrir el pago de remuneraciones por $65 millones y el pago de proveedores por $19.2 millones.
Rodolfo Parker, diputado del PDC, dijo que “este es un decreto de rectificación”. “Desde el acuerdo del 10 de noviembre del año pasado se acordó hacer una emisión de $550 millones para ciertos rubros. No estamos hablando de más deuda, simplemente de la ejecución de los fondos provenientes de los bonos. Una solución legal al desorden fiscal”, añadió.
El parlamentario Francisco Merino, del PCN, manifestó que “no se puede ocultar que hay problemas de financiamiento en el Estado”. “Los gastos siempre están por encima de los ingresos, eso lleva a la necesidad de emitir bonos”, dijo.
Por su parte, el diputado tricolor Juan Valiente manifestó que esta propuesta es una aceptación tácita de que “estaba mal calculado el estimado del presupuesto 2017”, que fue aprobado por FMLN, GANA, PDC y PCN.
“El gobierno continúa con prácticas para que llevan al descalabro del país”, dijo, y agregó que esos $122 millones podrían ser empleados donde más se requieren, como el IPSFA, fondos a Fiscalía o el presupuesto extraordinario al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La diputada Milena Calderón, de ARENA, dijo que “quisiera saber de dónde salieron esos $122 millones, porque si salieron de alguna partida tuvo que ser conocido por la Asamblea”. “Da pena ver que había $122 millones guardados o escondidos”, añadió.
“Están haciendo un artificio contable. Las remuneraciones ya tienen una partida presupuestaria del 2017”, dijo, y recalcó que “se está sentando un precedente nefasto”.
Norma Guevara, del FMLN, dijo que no es “que sobren $122 millones” y que “hay seguridad de que estos fondos irán adonde tienen que ir”, y que si se tienen dudas “pueden pedirle a la Corte de Cuentas que audite estos fondos”.
“No se vayan a extrañar si la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la aprobación de este decreto”, señaló el diputado Norman Quijano, de ARENA.
