La Asamblea Legislativa continúa respaldando las políticas de seguridad y la lucha contra las estructuras criminales en El Salvador. En la sesión plenaria número 50, los diputados aprobaron con 57 votos reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de fortalecer la supervisión y ejecución de las penas impuestas a los responsables de delitos de esta modalidad.

Estas modificaciones permitirán que los tribunales y cámaras especializadas en crimen organizado asuman un rol más proactivo en la vigilancia y cumplimiento de las sentencias, mientras que los jueces penitenciarios podrán concentrarse en los casos acumulados de otros delitos, como violaciones o extorsiones, que no están relacionados con el crimen organizado.

Además, las reformas estipulan que no se aplicará la libertad condicional ni anticipada a las personas condenadas por crímenes organizados, lo que refuerza el castigo a aquellos involucrados en estas estructuras. Con estas medidas, El Salvador busca mejorar la eficacia del sistema de justicia y garantizar que los delincuentes más peligrosos enfrenten penas más estrictas.La Asamblea Legislativa continúa respaldando las políticas de seguridad y la lucha contra las estructuras criminales en El Salvador. En la sesión plenaria número 50, los diputados aprobaron con 57 votos reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de fortalecer la supervisión y ejecución de las penas impuestas a los responsables de delitos de esta modalidad.

Estas modificaciones permitirán que los tribunales y cámaras especializadas en crimen organizado asuman un rol más proactivo en la vigilancia y cumplimiento de las sentencias, mientras que los jueces penitenciarios podrán concentrarse en los casos acumulados de otros delitos, como violaciones o extorsiones, que no están relacionados con el crimen organizado.

Además, las reformas estipulan que no se aplicará la libertad condicional ni anticipada a las personas condenadas por crímenes organizados, lo que refuerza el castigo a aquellos involucrados en estas estructuras. Con estas medidas, El Salvador busca mejorar la eficacia del sistema de justicia y garantizar que los delincuentes más peligrosos enfrenten penas más estrictas.