Con 61 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó ayer la emisión de la Ley de Agricultura Familiar. La decisión, tomada durante la plenaria N° 146, tiene como objetivo establecer las responsabilidades del Estado en el desarrollo de un marco jurídico que oriente hacia un modelo productivo sustentable de agricultura familiar, campesina e indígena de base agroecológica y resiliente frente al cambio climático.
Con la medida se busca contribuir al desarrollo económico, a la equidad e inclusión social. En ese sentido, la ley beneficiará a los agricultores pertenecientes a las diferentes tipologías de agricultura familiar, campesina e indígena que estén registrados según el mecanismo que el Ministerio de Agricultura determine.
“Esta ley es un paso, un escalón más en la cadena de producción y comercialización agrícola. Ahí está la verdadera generación de empleo y la verdadera ayuda que se le puede dar a la población”, aseguró el diputado Javier Palomo, de ARENA.
Como parte de la normativa se estableció la creación del Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CONAF). Esta será la instancia técnica, asesora y de auditoria social, y estará compuesta por representantes de los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía y de Desarrollo Local; así como de cuatro representantes de organizaciones de productores y miembros del Comité Nacional de Agricultura Familiar.
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Entre las facultades del CONAF estará la verificación y formulación de los programas y proyectos vinculados a la agricultura familiar. Además, trabajará para establecer procesos de diálogo y priorizar la participación de jóvenes, mujeres y comunidades campesinas e indígenas en la mejora de las dinámicas productivas intersectoriales y territoriales.
Asimismo, la normativa establece en su artículo 19 que el Estado deberá priorizar estimular y proteger la producción nacional de alimentos generada mediante agricultura familiar. Así como su comercialización a través de las compras públicas.
