La medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional contra la ley de probidad, lleva ya casi un año sin que los magistrados resuelvan aun si fue inconstitucional su aprobación.

La Sala ha mantenido en estudio si esta normativa -aprobada con 43 votos en la Asamblea- no riñe con el principio de iniciativa de ley en materia judicial, que correspondería elaborar precisamente al órgano de justicia.

43 diputados votaron por aprobar la ley de probidad que tiene medida cautelar

Diversas organizaciones de la sociedad civil se expresaron en su momento por la aprobación de dicha ley, que entre los puntos más controversiales, eliminaba el juicio civil y restaba autoridad a la Sala de lo Civil en determinados procesos, como por ejemplo, la aplicación de la ley de extinción de dominio o no para determinados casos.

Otro de los aspectos que causó polémica con la ley, fue del papel de la Fiscalía General de la República (FGR), donde sería la única entidad que tendría la potestad de abrir un juicio penal. Estos fueron los principales puntos que señalaron a la ley, como una carente de dientes.

Tras un año de estudio, la ley de enriquecimiento ilícito, vigente desde 1959 continua siendo la principal herramienta para juzgar a quienes se enriquecen de forma corrupta. De hecho, al ex director del Instituto del Seguro Social, Leonel Flores Sosa, le fue aplicado dicha normativa, y al ser vencido en juicio civil, deberá devolver al Estado $800 mil dólares.

Flores Sosa devolverá al Estado $800 mil por ley de enriquecimiento ilícito