El Parlamento Centroamericano (PARLACEN), se ha convertido en una de las instituciones más criticadas de la región en la última década y no solo por su ineficacia debido a la falta de poder vinculante de sus resoluciones o por el costo económico que genera a los países miembros, y es que últimamente, aparte de ser catalogado también como casa de retiro para políticos se le ha añadido un nuevo calificativo: el de refugio de políticos acusados de corrupción.

Dos de los últimos casos por los que se ha ganado estos señalamientos se dieron hace dos años, cuando dos expresidentes centroamericanos señalados de actos de corrupción fueron aceptados y juramentados como diputados al PARLACEN.

Uno de esos señalamientos, se da luego que el PARLACEN diera acogida a uno de sus principales detractores en la región, el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien en varias ocasiones denominó al organismo regional de “inoperante y oneroso”. Sin embargo, y con el fin de obtener una inmunidad, el político asumió su curul el 1 de julio de 2014 en Guatemala, tan solo 15 horas después de haber terminado su mandato presidencial, el expresidente panameño ha sido señalado por la justicia de su país de haber cometido actos de corrupción durante su mandato, que van desde dudas por contratos de infraestructura y compra de tierras, además se le señala de cometer espionaje telefónico contra adversarios políticos y otras figuras públicas.

El Salvador no escapa de agrandar esos señalamientos, la juramentación efectuada el 23 de junio de 2014,  al expresidente Mauricio Funes, estuvo rodeada de aparente irregularidad, pues sobre el político salvadoreño pesaba una prohibición para asumir su curul en el PARLACEN ordenada por la misma Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Orden que se dio, debido a que sobre Funes existía una demanda por difamación promovida por el actual diputado de ARENA, Ernesto Muyshondt, proceso que no había sido finalizado. Sin embargo, el ex gobernante salvadoreño apeló la resolución de la Sala de lo Constitucional de El Salvador ante la Corte Centroamericana de Justicia, entidad que lo autorizó a tomar posesión y se convirtió así en diputado del PARLACEN. Dos meses después de su juramentación, Funes decide renunciar a su escaño “para evitar controversias innecesarias y nefastas consecuencias al proceso de integración” aseguró.

El artículo 2 del Tratado Constitutivo del PARLACEN, permite a los presidentes y vicepresidentes salientes de los países miembros, arribar automáticamente al parlamento regional tras concluir sus mandatos, esta característica es una de las más criticadas del organismo ya que deja la puerta abierta para que sirva como un refugio a ex funcionarios de Estado acusados de diversos delitos en sus naciones.

Privilegios del PARLACEN

El artículo 27 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, establece que sus diputados gozarán de “las mismas inmunidades y privilegios que poseen los diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas o Asambleas Nacionales” de los países miembros, es decir los 20 diputados que representan a los salvadoreños ante el PARLACEN cuentan con el famoso “fuero constitucional”,  equivalente a un derecho de antejuicio que se vuelve un  requisito previo, para que se les pueda iniciar un proceso legal.

Pero además, gozan en los demás países centroamericanos “de las inmunidades y privilegios que para los agentes diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y en el país sede (Guatemala) los privilegios que se establezcan en el Tratado”. Ello significa que entre otros privilegios, a los miembros del PARLACEN se les debe garantizar “la libertad de circulación y de tránsito” por los territorios y fronteras centroamericanas, además que “la valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida” es decir el equipaje y accesorios con que se trasladen los diputados no puede ser supervisado ni revisado por las autoridades migratorias.

Además, el gozar de los beneficios de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, les permite gozar de una inmunidad más, pues se establece en su artículo 29 que “la persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto”; mientras que en su artículo 31 agrega que “el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa” y además se establece que no están obligados a testificar.

Por lo que puede decir que los diputados ante el PARLACEN gozan de doble fuero, uno parlamentario regido por sus países de origen y uno diplomático, algo que podría hacer pensar es un atractivo por lo que muchos políticos de la región codician un curul en este Organismo Regional.

Salarios de $5 mil dólares

Al igual que los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, los salarios de los diputados ante el PARLACEN son pagados con dinero proveniente de los fondos públicos, es decir de lo que el Estado recolecta de los impuestos; ante ellos se establece, y de acuerdo a información del Ministerio de Hacienda que mantener a los 20 representantes salvadoreños en este organismo regional le cuesta al pueblo un millón 700 mil dólares al año.

El periodo por el cual son electos los diputados al Parlamento Centroamericano dura cinco años, por lo que en cada quinquenio el Estado gasta un aproximado de 8 millones 500 mil dólares.

Y es que el sueldo para estos diputados es de $1,200, sin embargo junto a ello, reciben una bonificación de $2,400 en conceptos de gastos de representación y comunicación; en junio del 2014 debido al “alto costo” de la vida y al “aumento a los boletos por viajes” a Guatemala (sede del parlamento) los diputados decidieron hacerse un “pequeño” aumento de salario con la “mínima” cantidad de $1000. Adicional a esto reciben también una bonificación de $600 si participan de todas las sesiones de trabajo y comisiones que se programan mensualmente, sumando así un total de $5,200 mensuales.

Al mes, se realizan dos sesiones en la ciudad de Guatemala (sede del PARLACEN), entre 3 a 5 sesiones locales (en San Salvador) y de dos a tres sesiones por comisión.

Desde su fundación en 1991 a la fecha, el Estado salvadoreño ha gastado $42 millones 500 mil en mantener a sus representantes ante el PARLACEN, algo que no refleja los beneficios de trabajo debido a que sus resultados son desconocidos por la ciudadanía.

En la actualidad, el Parlamento Centroamericano está conformado por 6 naciones: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En el caso de Costa Rica, pese a pertenecer al Itsmo Centroamericano se ha negado a participar e ingresar en muchas ocasiones, y mantiene una posición crítica hacia esta instancia por considerarla un gasto innecesario.

“Un parlamento Centroamericano donde haya que derrochar la cantidad de millones de dólares que se gastan en ese organismo no tiene sentido. Nosotros pensamos en un parlamento donde hayan asambleas temporales y no permanentes, donde se pueda discutir temas como un derecho laboral o migratorio centroamericano, donde los miembros sean quienes se financien y no las naciones” aseguraba en el año 2012 el entonces vice canciller costarricense Carlos Roverssi, postura que continua en la actualidad.