Justo cuando la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia investiga y documenta al menos once casos de posible enriquecimiento ilícito entre  funcionarios y ex funcionarios públicos; los diputados se apresuran a limitar las facultades de la Corte Suprema de Justicia, eliminando la figura de la presunción en las declaraciones juradas de patrimonio;  y al trasladar la investigación en la nueva ley de Probidad a la Fiscalía General.

Los diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea buscan eliminar  facultades al Órgano de Justicia;  en el sentido de eliminar la presunción en la investigación que la Sección de Probidad  dirija; y además que los resultados de sus investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, a la Fiscalía General y no al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

La enmienda contemplada en el nuevo proyecto de ley de Probidad se discute precisamente cuando funcionarios del actual gobierno y diputados de algunos partidos han asegurado que la Sala de lo Constitucional ha iniciado una especie de persecución política, utilizando las declaraciones juradas de patrimonio.

El Presidente de PROESA y ex presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, acusó directamente a la corte de querer manipular políticamente las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito.

Actualmente el pleno de la Corte Suprema de Justicia ordeno procesar civilmente al diputado del PCN, Reynaldo Cardoza y al ex director del ISSS, Leonel Flores, bajo los cargos de presunción de enriquecimiento ilícito. El Director de la Sección de Probidad reconoció que se documentan e investigan al menos once casos donde podría existir enriquecimiento ilícito. Cardoza por ejemplo deberá desvanecer junto a su esposa, al menos 63 señalamientos en la compra de propiedades, vehículos y cuentas bancarias.

El Magistrado Rodolfo González dijo que limitar las decisiones y atribuciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia debe pasar por una reforma a la Constitución de la República, la cual requiere al menos una votación favorable en dos periodos legislativos.

González recuerda que el poder constituyente de 1950 faculto a la corte en pleno a recibir las investigaciones elaboradas por la sección de Probidad. Probidad tiene facultades y puede pedir todo tipo de información para poder investigar cuando exista indicios de enriquecimiento ilícito entre funcionarios o empleados; manifestó el magistrado.