Los Aliados por la Democracia calificaron  hoy de indignante la forma como en El Salvador se violenta la Constitución y la Ley de Probidad, facilitando el enriquecimiento ilícito de los  funcionarios, estimulando la impunidad y contradiciendo el  Estado de Derecho.

Los aliados dicen que durante muchos años se ha soportado escandalosos casos de corrupción que quedan en total impunidad y que esa historia se podría repetir sino se fortalece los mecanismos institucionales como el acceso a la información pública, el fortalecimiento de la Corte de Cuentas, la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y el funcionamiento imparcial de la Fiscalía General.

La organización reconoció el avance logrado en el procesamiento por enriquecimiento ilícito del diputado Reynaldo Cardoza del PCN, con una ley que data de hace 65 años y con una débil institucionalidad en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

José Domingo Méndez, quien precisamente fue presidente de la Corte Suprema, enfatizó que es importante contar con un sistema que transparente las donaciones y la identidad de los donantes en los partidos políticos para eliminar la influencia de grupos de poder, narcotráfico o gobiernos extranjeros. Sobre la próxima elección del Fiscal, los Aliados por la Democracia espera una elección que asegure la designación de un funcionario honesto, competente e independiente y cuyo proceso de selección sea abierto a la sociedad y sin compromisos de orden político partidario.