Bien dicen por allí, que si no hay nada bueno que decir, mejor quedarse callado.
Pero ante la incertidumbre de los resultados electorales, lo menos conveniente por hacer era guardar silencio. Ese silencio que se impusieron los magistrados del TSE porque nada de lo que planificaron salió bien.
Es que lo que mal empieza, mal acaba. Y desde el primer simulacro se visualizaron los problemas de logística e informáticos que ha sufrido el TSE, y que se magnificaron en el momento de las elecciones.
Se señaló de la poca confiabilidad que representaba, en primer lugar, contratar a más de 20 empresas «locales» para la transmisión de datos, cuando antes solo lo hacía una empresa.
En segundo lugar, la poca transparencia para detallar cuáles eran las empresas y qué experiencias tenían para transmitir datos de un evento electoral. Al final, los $5.5 millones que costó el contrato de la empresa española en el 2014 se pueden quedar cortos, con las contrataciones y las subcontrataciones de medianoche que realizó el Tribunal.
Con una elección tan compleja con la que se contaba hoy, no había tiempo de «improvisar», si no de capacitar al personal adecuadamente; divulgar con anticipación las distintas formas de votar; y sobre todo, cumplir con cada etapa del plan general de elecciones.
Lejos de esto, cuando se señalaron las debilidades del proceso, el magistrado presidente dijo que demandaría a los que desacreditaban las funciones del Tribunal, y luego se ha desmarcado de las responsabilidades que conlleva el cargo.
Por eso, en honor a la verdad y la transparencia del proceso electoral, los magistrados deben dar la cara. Explicarle a la población por qué a estas alturas no tenemos resultados confiables, si no una serie de números incomprensibles en su página web.
Allá ellos si ponen sus cargos a disposición, al menos deberían pensarlo, porque la población en general, ya tiene su veredicto.
