El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la extensión por cinco años del decreto que permite el traspaso de inmuebles donde funcionan centros escolares al Ministerio de Educación, incluyendo aquellos hipotecados o en proceso administrativo de legalización.

La petición fue presentada este martes en el pleno legislativo y será evaluada por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que sesionará el lunes 24 de marzo a las 11:00 a. m.

La reforma a la Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de Inmuebles a Favor del Estado en el Ramo de Educación propone declarar de utilidad pública e interés social los terrenos ocupados por escuelas públicas. Además, habilitaría la legalización de propiedades con hipotecas o trámites administrativos, aspectos que actualmente no están permitidos por la legislación vigente.

Un nuevo artículo 25-A permitiría la transferencia de inmuebles inscritos a nombre de patronatos, asociaciones de padres de familia, fundaciones y entidades que ya no tienen existencia jurídica. También busca que el Ministerio de Educación asuma la propiedad de terrenos pertenecientes a instituciones estatales o autónomas, siempre que ya estén en su posesión.

Además, la reforma establece que los inmuebles donde el Ministerio de Educación haya ejercido posesión por al menos siete años podrán ser legalizados a su favor, garantizando seguridad jurídica para la infraestructura educativa.