Los diputados de la Comisión de Seguridad escucharon la opinión del presidente de la Sala de lo Penal sobre la iniciativa del Órgano Ejecutivo que propone modificar el artículo 27 del Código Procesal Penal, relacionado con las “Acciones públicas previa instancia particular” para el delito de administración fraudulenta.
La propuesta de reforma establece que, para investigar este delito, la víctima deberá presentar una denuncia y una auditoría contable, que deberá ser costeada por ella misma, demostrando así la existencia del hecho delictivo. En caso de no contar con los documentos necesarios para elaborar la auditoría, la víctima deberá solicitar la ayuda de la Fiscalía General para que esta gestione la obtención de la información ante el juez.
El funcionario destacó que esta propuesta permite que la víctima asuma un papel protagónico en el proceso. Sin embargo, también advirtió que el costo de la prueba pericial podría representar una carga para aquellas personas que no cuenten con los recursos económicos suficientes, lo que podría vulnerar su derecho a la defensa.
“Generalmente, esto afecta a personas naturales y jurídicas, pero es crucial considerar aquellos casos en los que la víctima demuestre su imposibilidad de costear la pericia”, enfatizó el funcionario.
