En la reciente sesión plenaria, los diputados aprobaron, con 57 votos, modificaciones a los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional. Estas reformas buscan hacer justicia a las familias que fueron víctimas de estafas en la venta ilegal de lotes, simplificando los procesos para obtener la documentación que certifique la propiedad de los terrenos que han pagado durante años sin recibir sus escrituras.
«Este día quedará en la memoria de las personas a las que, durante años, se les vulneró su derecho al acceso a la vivienda y a su seguridad jurídica, porque las leyes no eran hechas para la mayoría de los salvadoreños, sino para un pequeño grupo», señaló la legisladora Lorena Fuentes.
Con los cambios en el artículo 9, se permitirá comprobar la comercialización de los lotes mediante la presentación de información verídica por parte de los lotificadores, a través de los contratos firmados con las familias. Anteriormente, la ley exigía que al menos el 25 % de los lotes estuvieran inscritos, habitados o construidos, requisito que ya no será necesario con la nueva reforma.
La modificación del artículo 10 amplía a 24 meses el plazo para que los desarrolladores declaren su lotificación comercializada ante las autoridades. Además, se establece que, en un máximo de dos años posteriores a este proceso, las lotificaciones deben someterse a la regularización, de lo contrario se aplicará el régimen sancionatorio contemplado en la ley.
Con la reforma al artículo 11, ya no se exigirá a los desarrolladores una resolución razonada sobre el trámite, sino una certificación simple. «Esta reforma le dará dientes a la institución (Vivienda) para estudiar de oficio el tema o a petición de una de las partes afectadas. Además, habrá una reducción de trámites engorrosos por los que, algunas veces, las lotificadoras no pueden tener en regla la documentación», explicó la diputada Elisa Rosales.
