Los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia continuaron con el estudio de una serie de reformas a las normativas relacionadas con los delitos patrimoniales como el hurto y el robo.

Estas modificaciones, que se buscan implementar en el Código Procesal Penal (CPP) y el Código Penal, tienen como objetivo alinearse con la transformación de la nación en materia de seguridad.

Para obtener más aportes sobre las reformas, la mesa de trabajo recibió al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien expuso su perspectiva sobre los cambios al artículo 8 del CPP, que modificaría los plazos de detención provisional.

“No estamos modificando los plazos de las fases procesales. No estamos pidiendo que se extiendan los tiempos en la demanda, en la etapa probatoria o en la etapa de la sentencia, sino que en la detención provisional”, indicó el funcionario.

Según Villatoro, es importante realizar estas transformaciones porque los lapsos del vencimiento del plazo de captura se utilizan, en muchas ocasiones, por los abogados defensores como herramienta para dilatar los procesos jurídicos y así evadir la justicia.

Actualmente, el arresto por una pena leve no debe sobrepasar un año y por los delitos graves no se extiende más de dos años.

“Por años hemos tenido un código perverso. Lo que estamos garantizando es que ningún condenado procesado por delitos graves salga libre. Nuestro anhelo es la justicia”, expuso el delegado.

La propuesta de reforma considera que para los delitos leves la detención no podrá ir más allá de la mitad de la pena máxima dispuesta por los delitos imputados. En el caso de los delitos graves, si la pena máxima es de 10 años, la detención durará cinco años.

“Estas reformas no nacen de un tema político o caprichoso, sino que partimos de una base técnica donde reconocemos que hemos hecho una transición hacia un derecho penal real, porque antes no existía una mirada hacia la víctima”, dijo Villatoro.

El ministro aseguró que con este conjunto de reformas se ha tratado de cerrar todas las aristas para respetar la vida, la libertad sexual y el patrimonio de los salvadoreños, proporcionando herramientas para que el sistema de justicia penal continúe siendo un modelo en el enfrentamiento a la delincuencia común.

“Somos un Estado que tiene el 95% de capacidad para hacer justicia en delitos de homicidio, pero nuestro objetivo es reducir todos los niveles de violencia”, agregó el titular de Justicia. “Antes era muy fácil liberar a un homicida o a un violador con el tiempo de 24 meses de detención provisional”, añadió.

Villatoro señaló a los diputados que la infraestructura penal estaba diseñada de manera que permitía a un juez liberar a delincuentes acusados de delitos graves debido a los cortos tiempos de detención.