La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos reformas a la Ley de Protección al Consumidor, con el objetivo de dotar a la Defensoría del Consumidor de mayores herramientas para salvaguardar a los ciudadanos de prácticas abusivas por parte de las empresas. Estas modificaciones incluyen obligaciones más estrictas para los proveedores de servicios, asegurando que los bienes y servicios cumplen altos estándares de calidad y que los consumidores estén protegidos en sus derechos financieros.
