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martes, 3 de diciembre de 2024
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DOM AENOR

Partidos políticos temen fuga de donantes por sentencia  de la CSJ

Ante la recién aprobada sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  en la que obliga a los partidos políticos a revelar los nombres de los donantes que respaldan económicamente las campañas políticas, diputados de las fracciones de ARENA y PDC, manifestaron estar en total acuerdo con esta sanción, ya que se trata de transparentar estos procesos ante la población.

Pese a que en meses pasados fueron los mismos legisladores quienes establecían en la Ley de Partidos Políticos lo contrario a esta sanción, “en ese sentido habríamos acompañado la redacción anterior (Ley de Partidos Políticos), la cual ha sido en este momento declarada inconstitucional”  expuso Arnoldo Marín, diputado del PDC, pero que toman a bien este nuevo esfuerzo de la Corte por combatir la corrupción en este tema.

Según las especulaciones de algunos legisladores es esta nueva sentencia podría repercutir  negativamente para los partidos, ya que los donantes podrían abstenerse de seguir realizando mas aportaciones, pero como contraparte ayudaría a transparentar estos financiamientos y ganar con ello la confianza de los salvadoreños.

Por su parte, Mario Valiente, diputado de ARENA,  considera que hubo algunos puntos que debieron agregarse a esta nueva sentencia,  por ejemplo, dejar a voluntad del donante la decisión de dar a conocer su nombre o de lo contrario no recibirle la donación. Pese a ello, Valiente expresa que como partido están conformes en acatar la nueva disposición de la Corte, aunque lamenta que la ley no ha quedado del todo clara, “el partido si estaría obligado a que si nos piden información,  darla,  pero la ley no quedó muy clara” dijo Valiente.

Mientras que el grupo parlamentario GANA, a través del diputado Guillermo Gallegos, manifestó que ellos estarían en la disposición de revelar el origen o nombres de sus donantes siempre que un ciudadano lo solicite.

Con esta sanción los salvadoreños tienen la libertad de solicitar esta información  a los partidos políticos sin tener la obligación de expresar los motivos de la solicitud.