En la sesión plenaria, los diputados aprobaron modificar el Código Electoral a fin de aumentar la pena de cárcel por el delito de fraude electoral.

La modificación se realizó al artículo 295 del Código Penal, con ello se estableció de 10 a 15 años a quienes obstaculicen la elaboración del registro electoral, el libre ejercicio del voto o el escrutinio.

Otro factor modificado en la normativa es la inclusión en el delito de fraude electoral a quienes dificulten la inscripción de candidaturas que cumplan los requisitos de ley.

La reforma estableció entre 15 y 20 años de prisión para quienes cometan casos especiales de fraude electoral. Asimismo, indica que si el delito lo comete un funcionario, mediante amenazas o engaños, se elevará la pena en una tercera parte.

Si el delito lo realiza un pandillero, la cárcel será de 20 a 30 años.