Este día entró en vigor el denominado como tercer acto de justicia financiera, surgido del trabajo de los diputados miembros de la Comisión Financiera de la nueva Asamblea Legislativa. Dania González, que preside la mesa legislativa, expuso en redes sociales los beneficios que conlleva para los salvadoreños.
Uno de los puntos que mencionó al diputada es que se deberán reintegrar «los excesos pagados en el plazo máximo de 10 días hábiles después que estar firme la resolución judicial sobre la tasa máxima legal».
Además, indicó que con su entrada en vigor se salvaguardarán los derechos económicos y patrimoniales de las personas. Esto gracias a que se están dando herramientas al Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor para facultarla para multar a las entidades financieras, cooperativas y usureros que no respeten las tasas máxima permitidas.
Asimismo, expuso que para el sector de acreedores no supervisados, las multas llegan hasta los 500 salarios mínimos; para el sector supervisado, hasta los 1,000 salarios mínimos; y si hay daños colectivos, de entre 500 hasta los 1,200 salarios mínimos.
Añadió que con la reforma «solo se cobrará el interés pactado en el contrato el justo y el legal» y que se prohíbe «el cobro de interés sobre intereses».
