La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia ha iniciado el estudio de una propuesta para modificar el Código Penal con el objetivo de ampliar las penas para delitos relacionados con el patrimonio. La intención es prevenir la comisión de estos delitos y garantizar la seguridad de los bienes de la población salvadoreña.
Para obtener una perspectiva técnica sobre la propuesta, los parlamentarios recibieron al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado.
Delgado argumentó que el aumento de las penas reforzará los resultados positivos logrados por el régimen de excepción y el Plan Control Territorial, que han reducido los homicidios a niveles históricos y apoyarán la reactivación económica del país anunciada por el Presidente Nayib Bukele durante su segundo mandato presidencial.
Las reformas propuestas al Código Penal incluyen, por ejemplo, un aumento en la pena para quienes se apoderen ilícitamente de bienes muebles ajenos, con condenas que irían de seis a ocho años de prisión si el valor de los bienes es superior a doscientos colones, en lugar de los actuales 2 a 5 años.
Además, quienes cometan hurto en instalaciones de servicios públicos o roben objetos de valor histórico, cultural, científico o religioso, enfrentarán penas de 10 años de prisión. Esta misma pena aplicará para el hurto de partes de vehículos y ganado.
El robo agravado será castigado con penas de 20 a 30 años si el delito involucra a funcionarios públicos, agentes de autoridad, o servidores públicos. Además, quienes adquieran, reciban, almacenen o enajenen dinero o bienes provenientes de delitos sin verificar su procedencia legítima, serán sancionados con prisión de seis a 10 años.
El delito de estafa se castigará con prisión de 5 a 8 años, incluyendo casos relacionados con tarjetas de crédito o débito y otros instrumentos de pago, cuando se realicen operaciones perjudiciales para el titular o un tercero.
“La Fiscalía no puede desentenderse de estas intenciones y consideramos que las reformas buscan regular y garantizar el derecho a la propiedad de los salvadoreños, evitando una escalada en los hurtos y estafas, al igual que lo hicimos con los homicidios. Las condenas actuales son suaves y permiten que los delincuentes cometan estos delitos sin un costo real”, afirmó Rodolfo Delgado, fiscal general de la República.
