Entre las medidas se estipulan la actualización de datos en 24 horas al tener finiquitos y la apertura de sedes de los burós en los 14 departamentos.
Gabriel Recinos
Los diputados de la bancada cyan que integran la Comisión Financiera presentaron una iniciativa que contiene un paquete de reformas a la Ley de Historial Crediticio. La cual, explicaron, se formó sobre la base de las consultas y denuncias de la población salvadoreña.
La presidenta de la comisión, diputada Dania González, explicó que como parte del desarrollo de este paquete de reformas se citaron a diferentes instituciones, Entre ellas la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el Banco Central de Reserva (BCR) y la Defensoría del Consumidor, con quienes se conocieron todas las carencias por parte de la administración del historial crediticio.
Asimismo, los diputados recibieron a representantes de las agencias Equifax Centroamérica, S.A. de C.V., Transunión El Salvador, S.A. de C.V. e Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. (INFORED).
“La auditoría recibida por la Superintendencia del Sistema Financiero la semana pasada demostró el mal funcionamiento en la administración del historial crediticio y el cobro de servicios no autorizados”, explicó González.
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Con las propuestas de reformas, los miembros de la Comisión Financiera manifestaron que se está protegiendo y reforzando el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho al honor y la intimidad.
“Estas empresas seguirán funcionando pero bajo nuevas y mejores reglas. Si una persona ya tiene su finiquito, este dato debe ser actualizado en 24 horas tanto por agentes económicos como el sector real”, añadió la presidenta de la comisión.
Otros de los puntos establecidos en la iniciativa es que los burós de crédito deberán aumentar su capital a medio millón de dólares para que estas empresas puedan invertir y se ofrezca a los salvadoreños una aplicación móvil donde se permita realizar la consulta del récord crediticio en tiempo real. Asimismo se estipula que se debe invertir en espacio físico, teniendo una sede por cada departamento.
Por otra parte, se establece que la SSF podrá hacer supervisiones a los burós de créditos mínimo una vez cada tres meses y la Defensoría del Consumidor tendrá la potestad de actuar de oficio y no solo sobre la base de una denuncia.
Sobre las multas, explicaron que habrá pisos de 20 a 40 salarios mínimos y podría elevarse hasta los mil salarios mínimos. “Si las empresas no cumplen con lo establecido en la ley y al cierre de un año tiene dos o tres sanciones muy graves, pueden llegar a ser cerradas”, dijo Dania González.
Por su parte, William Soriano agregó que a partir de esta reforma los burós de crédito tienen 180 días para actualizar toda la información que lo requiera. Mientras que Caleb Navarro indicó que “en los próximos días anunciaremos otras medidas, drásticas para algunos”, pero para el beneficio de la población.
