Con 68 votos a favor, en la plenaria de ayer se aprobó el dictamen 32 de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, referente a disposiciones sobre embargabilidad de sueldos de los empleados públicos. La aprobación permitirá determinar la manera en cómo deben aplicarse el porcentaje de descuentos sobre los sueldos de dichos empleados al momento de adquirir deudas con instituciones financieras.
La medida pretende principalmente favorecer a los docentes del país, a quienes la retribución por sus servicios es cancelada de diversas maneras, entre estas, los sobresueldos y horas clase. En ese sentido, se acordó que las instituciones financieras deberán considerar estas modalidades y, por consiguiente, el total de ingresos de los empleados públicos al emitir créditos a los mismos.
“Queremos apoyar a los maestros y a todos los empleados públicos que devengan diferentes modalidades en las cancelaciones de sus ingresos, sobre todo en una situación de pandemia y golpe a la economía familiar. Nuestros maestros podrán tener una mayor calificación para acceder a créditos que podrán utilizar en vivienda y otras prioridades que hasta hoy se les ha restringido” dijo al respecto el diputado Catalino Castillo, del FMLN.
La aprobación permitirá a los beneficiados ser más aptos para créditos de vivienda, hipotecarios y personales, aseguró el diputado David Reyes, de ARENA. Quien agregó que “es fundamental para reivindicar un derecho que tienen especialmente los docentes de nuestro país”.
El decreto aprobado estipula que se debe considerar como sueldo la retribución que el patrono está obligado a pagar al trabajador por los servicios que presta en virtud de un contrato de trabajo. Además, se detalla en el mismo que otras prestaciones, tales como bonos, transporte y gastos de representación, no constituyen parte de dicha retribución.
