El jefe de bancada de ARENA dijo que esperan recibirlo esta tarde. Agregó que no discutirán reforma de pensiones en cuarto encuentro en CAPRES.
Ricardo Larín / Gabriel Recinos
Alberto Romero, jefe de bancada del partido ARENA, manifestó que siguen a la espera de que el gobierno les entregue el decreto de austeridad anunciado la semana pasada tras el tercer encuentro en Casa Presidencial entre el Ejecutivo y los partidos políticos.
“Oficialmente no ha sido entregado el decreto. Esperamos que lo envíen hoy para poder dar opinión sobre eso en la reunión de mañana”, explicó.
Romero aseguró que no están satisfechos porque el gobierno únicamente entregó “un papel con estimaciones” de los gastos que creen que podrían reducir. “Si no lo envían, el decreto de austeridad sería el único punto a tratar en la reunión de mañana”, manifestó.
Respecto al tema de las propuestas de reformas al sistema previsional, dijo que su partido no está de acuerdo con discutirlo en CAPRES.
Explicó que el tema ya ingresó a la Asamblea, a la Comisión de Hacienda, en la que se formará una subcomisión para su análisis. “El tema de pensiones debe verse acá en la Asamblea”, dijo.
Reorientación de fondos
Sobre la reunión que se llevó a cabo ayer en la Comisión de Hacienda, para conocer una iniciativa del gobierno para reforma la Ley de Presupuesto e incorporar recursos provenientes de la colocación de bonos ($550 millones), Romero dijo que no quieren “firmar un cheque en blanco”.
“Dicen que como pagaron $120 millones con fondos propios el año pasado, quieren que se les deje a libre disponibilidad en el presupuesto esos $120 millones”, explicó el jefe de la bancada tricolor.
“O sea que sí tenían dinero, no íbamos a caer en impago como le vendieron al país”, recalcó.
Romero dijo que no se puede estar jugando con las finanzas del país y que la reunión de ayer en la Comisión de Hacienda comprobó que “el presupuesto 2017 es totalmente mentiroso” en cuanto a como fue presentado.
Agregó que la única forma en que su partido apoyaría una reorientación de fondos sería si esos $120 millones son empleados para cubrir el pago de pensiones del IPSFA, el pago de los CIP y para brindar al Tribunal Supremo Electoral el presupuesto para las elecciones de 2018.
