Entre ellos se encuentra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.

Ricardo Larín

El magistrado de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González, aseguró hoy en entrevista matutina que continúan examinando casos de probidad de cinco funcionarios y exfuncionarios del Estado por posible enriquecimiento ilícito.


Entre ellos, según el magistrado, se encuentra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, actual presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA).


Reyes está dentro de otras cinco investigaciones a las cuales el magistrado González aseguró que están dando mayor énfasis, «dada la relevancia en sus cargos y la proximidad a la fecha de prescripción».

González, además, dijo que si bien es cierto que la institucionalidad está funcionando en el país, «nos vendría bien un poco de ayuda internacional, llámese una CICIES, o como quiera llamársele», dijo.

El constitucionalista reiteró que esta investigación podría obtener sus resultados a finales del primer trimestre del año, junto al resto de cuatro señalamientos.

Por otra parte, la diputada Ana Vilma de Escobar, señalada también en investigación por el magistrado González, salió al paso de dicha aseveración y dijo que no tiene miedo que se investigue el patrimonio de su familia.

«Yo no me opongo a que analicen mis ingresos en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, porque un ciudadano lo ha solicitado. No me siento cuestionada. Como funcionarios públicos nuestro patrimonio debe estar a la luz para que no haya acusaciones indebidas. Soy funcionaria pública desde hace más de 16 años y siempre he presentado mis informes de ingresos familiares junto a mi esposo, que labora desde hace 40 años en la empresa privada», manifestó.

Hace dos semanas, la Sala envió a juicio civil al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, bajo sospecha de enriquecimiento ilícito.