Me llama la atención una iniciativa presentada por ARENA para fiscalizar los fondos que se otorgan del Presupuesto General de la Nación a las ONG. Una práctica que ya se ha hecho por años, pero que hasta ahora se le ha prestado atención al despilfarro que significa darle dinero a estas organizaciones.

Y vamos primero con el hecho de que ya existe una legislación para auditar los fondos públicos, de que es la obligación de las entidades estatales auditar esto.

A la Asamblea Legislativa le compete distribuir fondos a verdaderas ONG cuya labor social sea comprobada y no pertenezca a afiliaciones partidarias, como ya se descubrió con muchas de ellas.

Luego que un diputado forme parte de una de estas ONG debería ser un criterio para apartarla de la erogación de estos fondos, por el claro conflicto de interés que existe. ¡Se ve mal, señores diputados!

Segundo, la Corte de Cuentas de la República. ¿Acaso no debe auditar cada centavo del erario público? ¿No es su obligación pedir cuentas de los que se invierte cuando son fondos provenientes del Estado?

¿Por qué hasta hoy el interés por este tema? ¿Acaso la campaña electoral ya prevalece sobre la legislación necesaria e importante? El artículo 195 de la Constitución de la República ya contempla la fiscalización de fondos públicos, independientemente hacia que institución u ONG vaya dirigida.

Legislar por legislar, una práctica que se acrecentará a medida nos acerquemos a la campaña política. Sin duda alguna el país necesita en este momento legislación para sacarnos del hoyo financiero en el que estamos, no crear normativa que ya la estipula nuestra Carta Magna.

A lo mejor una pequeña ojeada de la Constitución no le caería mal a muchos de nuestros legisladores, antes de llevar iniciativas ya existentes o de tratar de legislar lo legislado. Les dejo la tarea.

• Por Diego Jiménez, columnista de Curul 85