Con 20 diputados representando a El Salvador, hoy asume el nuevo Parlamento Centroamericano (PARLACEN), desde el 2016 hasta el 2020, en la sede de Guatemala.

El PARLACEN, una de las instituciones más cuestionadas por su funcionamiento, pero sobre todo, por su casi nula producción de iniciativas que beneficien a los 6 países que lo integran. Además, se han cuestionado muchos de los diputados centroamericanos que lo integran, al estar involucrados muchas veces en casos de corrupción en sus respectivos países.

Como en el caso del expresidente Funes, quien quiso formar parte del parlamento, pero una resolución de la Corte Suprema de Justicia impidió que así fuera. El ahora viceministro de inversión extranjera, José Luis Merino, finalizado su período como diputado PARLACEN, fue señalado incluso por el senador de los EEUU, Marco Rubio, de beneficiar a las FARC con tráfico de armas.

En Panamá, el expresidente de ese país, Ricardo Martinelli, también juramentado como diputado PARLACEN, se vio señalado en su país por corrupción y espionaje, y huyó hacia Guatemala – sede del PARLACEN – donde se mantuvo hasta partir hacia Miami. Lo curioso es que el mismo expresidente Martinelli acusó al PARLACEN una vez de «ser cueva de ladrones».

El artículo 27 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, establece que sus diputados gozarán de “las mismas inmunidades y privilegios que poseen los diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas o Asambleas Nacionales” de los países miembros, es decir los 20 diputados que representan a los salvadoreños ante el PARLACEN cuentan con el famoso “fuero constitucional”,  equivalente a un derecho de antejuicio que se vuelve un  requisito previo, para que se les pueda iniciar un proceso legal.

Pero además, gozan en los demás países centroamericanos “de las inmunidades y privilegios que para los agentes diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y en el país sede (Guatemala) los privilegios que se establezcan en el Tratado”. Ello significa que entre otros privilegios, a los miembros del PARLACEN se les debe garantizar “la libertad de circulación y de tránsito” por los territorios y fronteras centroamericanas, además que “la valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida” es decir el equipaje y accesorios con que se trasladen los diputados no puede ser supervisado ni revisado por las autoridades migratorias.

Además, el gozar de los beneficios de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, les permite gozar de una inmunidad más, pues se establece en su artículo 29 que “la persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto”; mientras que en su artículo 31 agrega que “el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa” y además se establece que no están obligados a testificar.

Por lo que puede decir que los diputados ante el PARLACEN gozan de doble fuero, uno parlamentario regido por sus países de origen y uno diplomático, algo que podría hacer pensar es un atractivo por lo que muchos políticos de la región codician un curul en este Organismo Regional.

Salarios de $5 mil dólares

Al igual que los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, los salarios de los diputados ante el PARLACEN son pagados con dinero proveniente de los fondos públicos, es decir de lo que el Estado recolecta de los impuestos; ante ellos se establece, y de acuerdo a información del Ministerio de Hacienda que mantener a los 20 representantes salvadoreños en este organismo regional le cuesta al pueblo un millón 700 mil dólares al año.

El periodo por el cual son electos los diputados al Parlamento Centroamericano dura cinco años, por lo que en cada quinquenio el Estado gasta un aproximado de 8 millones 500 mil dólares.

Y es que el sueldo para estos diputados es de $1,200, sin embargo junto a ello, reciben una bonificación de $2,400 en conceptos de gastos de representación y comunicación; en junio del 2014 debido al “alto costo” de la vida y al “aumento a los boletos por viajes” a Guatemala (sede del parlamento) los diputados decidieron hacerse un “pequeño” aumento de salario con la “mínima” cantidad de $1000. Adicional a esto reciben también una bonificación de $600 si participan de todas las sesiones de trabajo y comisiones que se programan mensualmente, sumando así un total de $5,200 mensuales.

Al mes, se realizan dos sesiones en la ciudad de Guatemala (sede del PARLACEN), entre 3 a 5 sesiones locales (en San Salvador) y de dos a tres sesiones por comisión.

Desde su fundación en 1991 a la fecha, el Estado salvadoreño ha gastado $42 millones 500 mil en mantener a sus representantes ante el PARLACEN, algo que no refleja los beneficios de trabajo debido a que sus resultados son desconocidos por la ciudadanía.

En la actualidad, el Parlamento Centroamericano está conformado por 6 naciones: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En el caso de Costa Rica, pese a pertenecer al Itsmo Centroamericano se ha negado a participar e ingresar en muchas ocasiones, y mantiene una posición crítica hacia esta instancia por considerarla un gasto innecesario.

“Un parlamento Centroamericano donde haya que derrochar la cantidad de millones de dólares que se gastan en ese organismo no tiene sentido. Nosotros pensamos en un parlamento donde hayan asambleas temporales y no permanentes, donde se pueda discutir temas como un derecho laboral o migratorio centroamericano, donde los miembros sean quienes se financien y no las naciones” aseguraba en el año 2012 el entonces vice canciller costarricense Carlos Roverssi, postura que continua en la actualidad.