Ley de agua y alimentación ¡Ley pervertida!

Cuando leí que en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, se discutió reformar el artículo 69 de la Constitución para garantizar el derecho al agua y la alimentación, me resultó inevitable recordar la exclamación con la que inicia el libro La Ley de Bastiat: “¡Ley pervertida!”
El artículo constitucional número 69 establece que “El Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de los productos químicos, farmacéuticos y veterinarios, por medio de organismos de vigilancia. Asimismo el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar”.
Leyendo este artículo primero, resulta interesante encontrar palabras como “proveerá” y “control permanente”. Quiero pensar que cuando se hizo, sus intenciones fueron buenas, pero ahora está sirviendo para resguardar algo más.
Mario Tenorio, diputado de GANA, aseguró que “Estamos garantizando que el Estado cree y conduzca políticas para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños a través de tener agua y una alimentación adecuada. Es a la persona humana a la que beneficiaremos”. ¿Qué quiere crear el Estado? ¿Bienestar? En torno a esto me resuenan tres puntos importantes: falsa filantropía, derechos sociales y expoliación legal, todos enlazados entre sí.
El filósofo chileno Axel Kaiser dice que “Los derechos sociales son un mito, no existen, un derecho social es un derecho a la plata de otro”. Es decir que estos derechos aseguran que las personas pueden tener derecho a bienes y servicios que otros han producido: derecho a la propiedad de otros. Axel lo llama “una colectivización de la propiedad”.
El agua y la alimentación si bien son condiciones vitales para un ser humano, no son atribuciones que el Estado deba solventar. El Estado no produce alimentación, ni agua, para poder dar esto, debe quitárselo a alguien. Esa es la razón liberal de por qué oponemos a este tipo de “obligaciones estatales”.
Bastiat también hablaba de esto, lo llama expoliación legal. La expoliación se da cuando se pasa la riqueza de quien la ha creado, a alguien que no la creó, sin autorización o con engaños”. Él hablaba de dos clases de expoliación: la legal, a través de leyes y la extralegal, la que pasa sobre las leyes descaradamente.
Cuando el Estado “da” ha tenido que confiscarlo, a través de impuesto. Ha hecho una expoliación legal para “garantizar derechos” porque necesita del dinero de otros, a los cuales se los quita a la fuerza.
Además de todo, Bastiat diría que es una falsa filantropía porque estos derechos son una promesa de bienestar, es decir que a nadie le falte nada. Políticamente correcto. Pero inalcanzable, porque ¿Quiénes sí tendrán estos derechos garantizados? Nunca está “garantizado” para todos porque resulta insostenible. Y elegir a quién sí y a quién no, es inmoral. Hablan de que con esto hacen el bien, que con esto todos somos solidarios con otros pero es falso. Porque no lo hacemos voluntariamente, es más lo hacemos renegando. ¿Puede ser eso solidaridad? ¿Es filantrópico el objetivo de los políticos?
Los cierto de todo es que la búsqueda de “ayudar” más, de vendernos una falsa filantropía a través de “derechos sociales”, no logra más que leyes pervertidas, leyes que se terminan vendiendo a fines de engrandecimiento estatal.
Las leyes deberían garantizar: vida, libertad y propiedad. Si el Estado fuera capaz de garantizarnos esos tres sí derechos, podríamos entonces por nuestra propia cuenta solventar el resto de “derechos” porque el contexto lo permitiría. Pero por ahora, hay que ser vigilantes de todas esas reformas, leyes, y proyectos que lo único que pretenden es engrandecimiento del Estado y mayor control ciudadano.

Por: Sandra Cárcamo