Los magistrados de la Sala de lo Constitucional congelaron como medida cautelar el incremento al 13% de la tarifa de energía eléctrica impuesto por el gobierno y que entraría en vigencia este viernes 15 de julio. La decisión fue tomada por la Sala al admitir una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 39 emitido por la Presidencia de la República.
En la demanda se establece que dicho cargo podría constituirse como un impuesto al precio promedio de la energía eléctrica, algo que de entrar en vigencia podría vulnerar el principio de reserva de Ley Tributaria establecido en el artículo 131 ordinal 6° de la Constitución de la República, y el principio presupuestario de caja única regulado en el artículo 224 inciso 1°.
Y es que de acuerdo a lo expuesto en la demanda “los tributos son una materia que corresponde regular a la Asamblea Legislativa, lo que excluye la posibilidad de que el Órgano Ejecutivo los emita, como supuestamente ha sucedido en el presente caso, ya que se aprobó por medio de una reforma al reglamento y no de la ley respectiva”.
Además, según el comunicado emitido por la Sala «el demandante manifiesta que con el cargo de inversión social creado, se llevarán recursos a un fondo que ni siquiera es un presupuesto especial, evadiendo su control legislativo al pretender trasladarlos a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)».
La Sala, ademas ordena al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, rendir un informe en un plazo de 10 días en el que determine con justificaciones si existe o no inconstitucionalidad en incremento de energía eléctrica.
El pasado 28 de Junio el gobierno anunció que habría un incremento del 13% a la tarifa de energía eléctrica por la aplicación del denominado “cargo para inversión social”, creado con un decreto ejecutivo firmado por el presidente Salvador Sánchez Cerén, y el ministro de Economía, Tharsis Salomón López.
