Ante la última sentencia de la Sala de lo Constitucional que inválida la elección de los magistrados de la Corte de Cuenta de la República (CCR), algunos diputados ya han comenzado a revivir la posibilidad de crear un Tribunal Constitucional que revise las sentencias que emite la Sala de lo Constitucional.
De acuerdo a lo estipulado por los magistrados de la Sala, los diputados no verificaron la afinidad partidaria de los elegidos, ni tampoco la idoneidad para que ejercieran los cargos. “Yo no estoy de acuerdo con la resolución de la Sala, en sentido que sí se verificó los atestados e historial se verificó los atestados de los magistrados electos y no electos“,expresó la presidente de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña.
Por su parte, el diputado de GANA y secretario de Junta Directiva de la Asamblea, Mario Tenorio, manifestó que es necesario que alguien supervise el trabajo de la Sala de lo Constitucional, “ahí es donde hace falta un Tribunal Constitucional que pueda revisar estas decisiones de la Sala, sin embargo, eso es prácticamente una posibilidad que se tendrá que ver con la Ley de Procedimientos Constitucionales”, expresó el legislador.
En el Foro de Sao Paulo realizado en nuestro país el pasado fin de semana y que reunió a las principales fuerzas políticas de izquierda de latinoamericana, se incluyeron en la agenda el buscar mecanismos para “lograr la hegemonía del Poder Judicial” pues los integrantes de este foro lo consideran un ente que “desestabiliza a los gobiernos de izquierda”.
“La consolidación de los procesos de cambio también deberá contar con una maquinaria electoral efectiva, que desarrolle una estrategia destinada a construir la hegemonía de la izquierda en cada vez mayores espacios institucionales que forman parte del poder político, como es el Poder Legislativo, y profundizar la democratización de las formas de designación en el Poder Judicial”, rezaba el documento inicial de presentación de la 22° edición del Foro de Sao Paulo.
Esta no es la primera vez que la Sala de lo Constitucional anula la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. En 2011 fue declarado inconstitucional el nombramiento de Gregorio Sánchez Trejo, Tránsito Bernal y Andrés Rovira; en el 2013, los magistrados también decretaron inconstitucional los nombramientos de Rosalío Tóchez y Silvia Aguilar, en ambas oportunidades fue por la misma razón, por vinculación partidaria.
