Diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad dieron hoy respaldo a las medidas extraordinarias de combate a la criminalidad, anunciadas por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
Los parlamentarios coincidieron en que es necesario contar con un estado de excepción (vea nota aparte), que garantice la recuperación de territorios hoy dominados por las pandillas.
«Ya no se trata de apoyar medidas de seguridad, sino de exigirle al presidente tales acciones», aseguró el diputado del PCN, Antonio Almendáriz.
El diputado pecenista añadió que «llegó el momento de ponerse el uniforme y apoyar las tareas de seguridad».
Por su parte, el diputado de ARENA, Mauricio Vargas, dijo que «esta medida (Estado de excepción), era una de las piezas que faltaba en la estrategia de seguridad».
Más moderada fue la intervención del diputado Norman Quijano, que espera que de implementarse dicho régimen, no se vaya a utilizar con otros fines.
«Reconocemos que hemos tocado fondo en combate a la criminalidad, y las consecuencias las están pagando los ciudadanos. ¿Y qué más régimen de excepción que el que las pandillas someten a la población, qué más calamidad que el cierre de empresas por inseguridad?», reflexionó Quijano.
El diputado de ARENA añadió que «necesitamos el compromiso ético de presidente, de que esto no se utilizará para otras cosas». En el estado de excepción se permite la intervención de las telecomunicaciones por parte del Gobierno.
Pese a un total convencimiento de los diputados de la Comisión de Seguridad, otros diputados no lo ven tan claro.
Por ejemplo, Margarita Escobar manifestó que «se deben ver otras medidas complementarias, antes de un régimen de excepción», y añadió que «no se puede combatir la inseguridad, promoviendo medidas que vayan a deteriorar la Constitución».
También el diputado John Wright Sol rechazó, a través de su cuenta de twitter la posibilidad de implementar un estado de excepción.
