La mayoría de las organizaciones que intervinieron hoy en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, señalaron que el sistema mixto que plantea la reforma de pensiones planteada por el gobierno nace sin fondos para pagar las pensiones a futuro de los trabajadores.
La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, ASAFONDOS, señaló a través de su presidente, René Novellino, que el sistema mixto perjudicará a los trabajadores reduciendo sus beneficios.
«Esta no es una propuesta que se oriente a cumplir objetivos de seguridad social. Si 6 de cada 10 trabajadores no cumplen con algún requisito de jubilación, es una reforma que está de espaldas a la realidad», dijo Novellino.
ASAFONDOS señala además que por decreto, la reforma de ley contempla que 1.3 millones de trabajadores de los más bajos ingresos, entreguen al sistema público de reparto sus ahorros de cuenta individual, mientras que a 340 mil personas con ingresos arriba de salarios mínimos obliga a que entreguen $2, 263 millones de sus ahorros , es decir, podrían ver reducidos sus ingresos hasta en un 48%.
Por su parte, el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) señalaron que la propuesta de Gobierno es «confiscatoria de los ahorros de los trabajadores», al obligarlos a dar su cotización al sistema de reparto.
Incluso, el presidente de Comtradefop señaló que de aprobarse la reforma, tal y como lo ha presentado el gobierno, ellos no dudarían en acudir a la Sala de lo Constitucional para poner una demanda de inconstitucionalidad al respecto.
Esto generó malestar en los diputados del FMLN, que señalaron que estas organizaciones solo defienden los intereses de los sistemas de ahorro de pensiones, y como lo señaló el diputado Víctor Suazo del FMLN, «llevan una misma línea de proteger a las AFP».
No obstante, dichas organizaciones se limitaron a comparar cifras de datos oficiales con la reforma del sistema de pensiones que se plantea. Por ejemplo, Fusades señaló que la iniciativa del ejecutivo, vulnera derechos constitucionales, como el de tomar el ahorro de la cuenta individual de los trabajadores.
El tanque de pensamiento señala que existe una preocupación por la afectación de la propiedad en función de la sostenibilidad del sistema de pensiones, sosteniendo también que se trata de una confiscación de ahorros.
Así también, la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, propuso la derogatoria del decreto 100, que otorgó pensiones vitalicias en el 2006, y que ha cargado las finanzas del Estado con esta responsabilidad. Mientras que FUNDAUNGO señaló que la reforma que se pretende realizar no es una reforma integral al problema previsional.
FUNDAUNGO solicitó un diálogo entre el Gobierno, la empresa privada y los trabajadores, a fin de que se llegue a un acuerdo en común, así como contar con asesorías de expertos en el tema previsional.
Dentro de dos semanas, la Comisión de Hacienda continuará recibiendo a instituciones que aporten al tema de reforma previsional, como ANEP, Sindicatos de trabajadores, entre otras.
