Tras conocerse que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigaría a los expresidentes Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol y a Salvador Sánchez Cerén en su período como vicepresidente, algunos diputados reaccionaron al respecto, asegurando que no existe un sustento legal para dichas investigaciones.
«Independientemente de quién (exfuncionario) se trate, no hay una base legal para esto, porque la ley de enriquecimiento ilícito ya fue derogada», aseguró la diputada Jackeline Rivera, del FMLN.
La diputada añadió que «por eso se había aprobado la ley de Probidad, para que podamos revisar casos del pasado, actuales y de futuro».
La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional a principios de este año, y cuya medida cautelar impidió la entrada en vigencia de la misma, quedando la antigua ley de enriquecimiento ilícito como la de actual aplicación.
Mientras, el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra dijo que «se podría estar violando la ley, porque ya han pasado más de 10 años que la ley da como prescripción de delitos contra la hacienda pública».
También el diputado del PCN, Francisco Merino, advirtió que esta decisión de la Corte no tiene fundamentos, más que de motivaciones políticas.
«La verdad es que si empezamos en esa dinámica, tocará investigar a más de 262 alcaldes, algunos que están y otros que ya no, y a una gran cantidad de exfuncionarios», dijo.
La Sección de Probidad de la CSJ investiga el patrimonio de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes. En el caso de este último, ya se abrió un proceso civil por presunción de enriquecimiento ilícito.
