El equipo gestor de la ley de Probidad Pública presentó esta mañana un recurso de inconstitucionalidad, contra la Ley de Probidad aprobada por el congreso el pasado 16 de diciembre y sancionada por el presidente de la República el 23 de diciembre, en vísperas de la vacación de fin de año.

La normativa -catalogada por el equipo como una ley «exprés» y carente de herramientas en el combate a la corrupción- esperó las observaciones del presidente, sin embargo, vino la sanción del ejecutivo por lo que el equipo gestor presentó la demanda este día.

«Lo que pretenden con esta aprobación es frenar el trabajo de la sección de probidad, quieren que no se investigue a los diferentes políticos señalados de enriquecimiento ilícito, y detener así el proceso», aseguró Roberto Rubio, de FUNDE, miembro del equipo Gestor.

23 de diciembre

Fecha en que presidente de la República sancionó ley de Probidad

Rubio añadió que con la normativa aprobada «se busca mandar los casos de presunción de enriquecimiento ilícito a la Sala más cómoda (Sala de lo Civil) para que solo emita avisos, ni siquiera para que pida juicios».

El equipo gestor condenó que a la corte plena se le estén quitando facultades de investigar presunciones de enriquecimiento ilícito de funcionarios.

Además, Javier Castro, de Fusades, aseguró que «ya habían advertido el proyecto que tenía el congreso al respecto», y añadió que «tras 56 años, se estaban realizando los primeros juicios civiles por presuntos enriquecimientos ilícitos» (diputado Reynaldo Cardoza y ex director ISSS Leonel Flores).

Al respecto, el diputado de ARENA René Portillo Cuadra, adelantó que la próxima semana presentarán una demanda de inconstitucionalidad por la misma normativa.