El equipo gestor de la ley de Probidad Pública rechazó hoy la aprobación de dicha ley, acontecida ayer en el pleno legislativo con 47 votos de los diputados de FMLN, GANA y PCN; al catalogarla como un retroceso a la ley aun vigente de enriquecimiento ilícito. Según el sector de la sociedad civil, se perdió una valiosa oportunidad de contar con una verdadera ley que combata la corrupción.
«Hemos trabajado durante dos años en la formación de esta ley, y lo aprobado anoche no combate la ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios. Adolece de cantidad de vicios de inconstitucionalidad», aseguró Claudia Umaña, de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, miembros del equipo gestor.
Umaña añadió que hoy solo les queda esperar a que el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, vete el decreto que daría ejecución a la ley. Caso contrario, Javier Argueta, de la ANEP, señaló que pondrían un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
«Si creyeron que con esta aprobación iban a detener los juicios por enriquecimiento ilícito se equivocaron, eso sigue su curso, pero el problema será con los casos que puedan venir de aquí en adelante, por eso pedimos al presidente que vete dicha ley», manifestó Argueta.
Mientras, el presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Humberto Sáenz, señaló que la misma normativa aprobada contradice compromisos y ratificaciones internacionales, y que «envía un mal mensaje al exterior, si finalmente el mandatario lo aprueba».
Ayer mismo, luego de la aprobación, el embajador británico publicó un tweet asegurando que «Saber lo que es correcto, no significa mucho a menos que haga lo que es correcto. Oportunidad perdida» (@HMAGarside 18:28 p.m. 16. dic. 2015)
Restaron fuerza a la fiscalización
Uno de los aspectos que más se ha criticado por parte de estos sectores de la sociedad civil, es el trasladar los supuestos casos de supuesto enriquecimiento ilícito a la Sala de lo Civil. Además, los legisladores dejaron por fuera las declaraciones de patrimonio de los familiares de funcionarios; así como las declaraciones patrimoniales en años posteriores al cese de funciones.
«La corrupción de alguna manera, siempre va a estar allí, hemos visto muchos actos de corrupción que quedan impunes, lo menos que podíamos hacer era aprobar una ley con dientes para combatirla», aseguró Jaime López de FUNDE.
Además, las distintas organizaciones del equipo gestor criticaron el contexto en que los diputados aprueban la ley ‘exprés’. «Lo hacen en un contexto donde la ciudadanía por aproximarse las festividades de fin de año, no está tan vigilante», aseguró Umaña.
