El 2015 está por terminar y en materia legislativa, si bien es cierto ha sido un año donde se han reforzado y creado nuevas leyes en materia de seguridad y otras orientadas a proteger la integridad física y mental de la niñez, no se pude obviar la aprobación de una serie de leyes impulsadas desde el Ejecutivo y que derivan en la aplicación de una serie de impuestos para la población: entre ellos una iniciativa para aplicar un impuesto del 5% a las telecomunicaciones para el financiamiento de planes de seguridad denominada.

Este impuesto llamado “contribución especial” será cobrado por diez años a todas las personas al momento de pagar su telefonía móvil y fija; los servicios de internet, tanto en servicios alámbricos, inalámbricos y de datos, así como por la transferencia e importación de aparatos y accesorios tecnológicos; y televisión de paga. De acuerdo al gobierno los fondos obtenidos serán para fortalecer la seguridad en el país.

Esta aprobación se dio en el mes de octubre y contó con el apoyo de FMLN, GANA, PDC y PCN (excepto la diputada Cristina López).

Entre algunos logros que pueden mencionarse son las reformas a los Código Penal y Procesal Penal;  modificaciones que buscan fortalecer la seguridad, entre ellas está aumentar las sanciones por la tenencia y uso indebido de uniformes de uso privativo de instituciones de seguridad tanto públicas como privadas, así como limitar y normar el acceso a visitas de los reos en los centros penales.

Además, en las últimas sesiones del año se  estableció que los delitos sexuales contra menores de edad no prescribirán; es decir, los delitos se mantendrán vigente y se podrá perseguir, juzgar y condenar en cualquier momento, sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde que se cometieron dichos delitos.

Pero el año parece nos les alcanzo a los diputados, pues finalizan el 2015 con una deuda legislativa importante, entre ellas, la reforma a la Ley del Sistema de Pensiones la cual fue ordenada por la Sala de lo Constitucional y que les mandata que legisle por una mejor rentabilidad de los fondos de las pensiones de los salvadoreños. Para ello, los legisladores deben hacer adecuaciones a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y a Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, debido a que los Magistrados declararon inconstitucionales los artículos de esas normativas que permiten la utilización de la tasa de interés London Interbank Offered Rate (LIBOR). Esta sentencia fue dada por la Sala de lo Constitucional en diciembre de 2014, por lo que a un año de su emisión y hasta el momento, no se conoce mayores avances de la misma por la Asamblea Legislativa.

El Órgano Ejecutivo que está pendiente de un proyecto para reformar el sistema de pensiones, algo que aún no lo ha hecho, pero ha transcendido que ya cuenta con un borrador que ha sido cuestionado por algunos sectores que opinan que esto traerá consigo un aumento en las cotizaciones y que se estaría nacionalizando el 70% de los fondos de los pensionados, algo que de acuerdo a diputados de oposición está condenando a toda la clase trabajadora y pensionados que reciban una pensión de no más de $200 dólares.

Lo cierto es que hasta el momento y luego de un año que fue emitida la sentencia por la Sala de lo Constitucional, está aún no se ha cumplido y pareciera que no hay un interés claro por cumplirla. Otra de las Sentencias que tampoco fueron cumplidas por la Asamblea Legislativa es la que mandata reformar la Ley de Telecomunicaciones, y para ello los magistrados habían dado de plazo hasta el 31 de diciembre. Esta situación podría provocar que los 84 diputados puedan ser multados por desacato o incluso que sean inhabilitados para el 2016.

La Sala pidió a los diputados normar para que no sea automática la prórroga de la concesión de los espectros y que se implemente un mecanismo alterno a las subastas, y se busca que las concesiones se sometan a concurso y que la adjudicación ya no dependan de la capacidad económica del operador, sino de los criterios que tenga que cumplir.

Pero los diputados también han buscado que la deuda legislativa no se alargue para el 2016 y es que parte de los compromisos que se tenían para este año era la aprobación de una Ley de Probidad que ha sido fuertemente criticada y hasta señalada de inconstitucional.

El equipo gestor de este proyecto manifestó que lo aprobado por el FMLN, GANA y PCN pretende debilitar la labor de la sección de Probidad de la Corte Suprema y piden al presidente de la República vete el contenido de esta normativa.

Entre los aspectos fuertemente criticados está que lo aprobado excluye el juicio civil por enriquecimiento ilícito y faculta a la Sala de lo Civil a emitir sanciones, además suprimen a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia la facultad de dirimir los casos investigados por Probidad, facultad que le es asignada por mandato Constitucional.

Pero los diputados del FMLN, GANA y PCN quienes dieron sus votos para la aprobación defienden y aseguran que la normativa otorga facultades a la Sección de Probidad de la CSJ que antes no tenía y que las críticas hechas solo tienen una base política, pero no jurídica.

Faltan 10 días para que finalice el año, tiempo en que los diputados, si así lo disponen, podrían llegar a sostener una sesión extraordinaria más y bajar la mora legislativa de cara al año nuevo, una deuda que suma además la elección de funcionarios de segundo grado como Fiscal General de la República y Consejales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).