miércoles, 24 de abril de 2024
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  • 16
  • Dic 2015
Asamblea Legislativa

Asamblea aprueba nueva ley de probidad

En medio de una serie de señalamientos de intentar aprobar una legislación a la medida, los diputados del FMLN, GANA y PCN que integran la Comisión de Legislación, concluyeron esta mañana el estudio de la Ley de Probidad, la cual será sometida este mismo día para su aprobación.

La ley enfrenta una serie de cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil y del partido ARENA, que incluso abandonó la comisión de Legislación para no legitimar un proyecto de ley que para algunos marca un retroceso en materia de probidad.

Como ejemplo, la comisión acordó que las sanciones por incumplir la ley oscilara entre los 20 a 40 salarios mínimos del sector comercio; esto indica que los funcionarios podrían pagar multas por $149 a $295 dólares. La actual legislación contempla únicamente sanciones por 100 colones, unos $11.5 dólares.

El Grupo Gestor que propuso un proyecto de ley por medio de sendos campos en los periódicos adverso decisiones como trasladar las facultades de corte plena de la Corte Suprema de Justicia a la Sala de lo Civil, integrada por magistrados electos en 2012 y 2015 y propuestos por el FMLN y GANA. Ovidio Bonilla, un magistrado integrante de la sala de lo Civil incluso protagonizo un acto público junto a diputados oficialistas en las cuales el ex presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes le levanto su mano.

El grupo gestor de Probidad pidió a los diputados que se respete la facultad constitucional de la CSJ en pleno de iniciar juicios por enriquecimiento ilícito ante la Cámara de lo Civil, tal como lo regula la ley vigente y que las sanciones administrativas sean adecuadas y sujetas a la realidad a cargo de una Dirección de Probidad que de eficacia a la ley.

Los organismos pidieron un mayor ámbito de aplicación de la ley que incluye como sujetos obligados a ex funcionarios y a particulares que manejan o administran bienes del estado, incluyendo sociedades de economía mixta. La incorporación de una declaración de conflictos de interés para prevenir que los servidores públicos sean influenciados en la toma de decisiones y en la ejecución de funciones oficiales. La aprobación de la nueva ley se produce en el marco de más de 19 investigaciones por enriquecimiento ilícito que realiza la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia quien incluso elevo a juicio casos por enriquecimiento en contra del diputado Reynaldo Cardoza del PCN y el anterior director del ISSS, Leonel Flores.

En las investigaciones también se incluyen los ex presidentes de la República Antonio Elías Saca, Francisco Flores y Mauricio Funes; así como el ex presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes.