En seis años, los salvadoreños sin importar su condición económica han observado cómo se crean nuevos impuestos o se aumentan las tasas en los ya existentes en más de 24 ocasiones; originando un mayor ingreso fiscal que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) estima en $19 mil 400 millones de dólares (un 44.2% de aumento en la recaudación), que debería  servir para mejorar las políticas de salud, educación y naturalmente la seguridad.

Los nuevos impuestos aprobados la noche del jueves pasado perjudican a nueve de cada 10 salvadoreños que poseen en una  familia promedio entre uno o más teléfonos móviles, telefonía fija, internet, servicio de cable. Mientras la Asamblea Legislativa sostiene que el impuesto al patrimonio perjudica únicamente a 426 personas naturales o jurídicas; grandes contribuyentes que obtienen ganancias anuales superiores al medio millón de dólares.

Solamente el actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén acumula seis decretos o reformas a decretos que imponen una mayor carga impositiva a los salvadoreños sin distinción de ingreso, edad, sexo o condición económica.

Pese al aumento en la recaudación, no existe una mejora en los servicios de salud. La falta de medicamentos, camas y  postergación de cirugías electivas, entre otros se denuncia constantemente por los usuarios.  El gobierno incluso disminuyo con relación al PIB lo invertido en salud pública para 2016.

La educación enfrenta una pérdida de la calidad. La entrega de los paquetes escolares no ha implicado un aumento en la cobertura, mejora en el rendimiento escolar y el prolongar la permanencia del joven en el sistema formal. La infraestructura escolar registra un deterioro evidente en al menos 64% de los centros educativos. Para 2016 el gobierno no incluyo en su presupuesto unos $44 millones de dólares destinados para el retiro voluntario de maestros.

La seguridad pública sigue ineficiente; se registra un promedio de entre 600 a 900 homicidios por mes. Uno de cada mil salvadoreños es o será víctima de homicidio.

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Mientras el viceministro de Vivienda reconoció este sábado que se estudia reactivar  la contribución obligatoria de los trabajadores al Fondo Social para la Vivienda (FSV).

El Ministro de Hacienda Carlos Cáceres dijo este martes que el gobierno prevé una nueva emisión de LETES por $800 millones de dólares más la aprobación de un nuevo préstamo por $200 millones para poder financiar la seguridad pública.

Pese a todo, el partido FMLN  y el gobierno siguen presionando a la Sala de lo Constitucional para que libere unos $900 millones de dólares en bonos cuyo destino sin duda es el gasto corriente.