El Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública, exhortó hoy a los diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, a discutir con mayor celeridad y urgencia el proyecto de Ley de Probidad Pública que permitirá sustituir la legislación vigente desde hace 56 años.

Probidad dice que las consultas iniciadas por los miembros de la comisión deben traducirse en la pronta emisión de un dictamen favorable que incluya los máximos estándares de probidad y rendición de cuentas que permita la prevención de actos de corrupción en el país.

El  Equipo Gestor pidió a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que pese a las grandes limitantes de la ley vigente, profundice su labor de verificación del contenido de las declaraciones patrimoniales de los servidores y ex servidores públicos, para que cuando amerite puedan iniciar acción penal, civil o de extinción de dominio; y que ningún caso de enriquecimiento ilícito quede en la impunidad.

La actual Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Servidores Públicos no cumple con los fines, debido a una serie de vacíos que en ella persisten, como en el caso de las sanciones o multas las cuales se establecen desde los 100 colones para los que no presenten su declaración patrimonial, lo que genera un ámbito de injusta protección para que aquellos servidores públicos que no quieran ser controlados por las autoridades, ni auditados por la ciudadanía, opten por no presentar su declaración de bienes.

El Equipo Gestor es un consorcio de organizaciones de la sociedad como FUSADES, ISD, DTJ, FUNDE, ANEP y el Centro de Estudios Jurídicos.