El primer diputado que será procesado civilmente por posible enriquecimiento ilícito, sostuvo hoy su inocencia y acusó a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no agotar el procedimiento administrativo del examen total de las observaciones hechas a su declaración jurada de patrimonio.

Cardoza, quien participó este miércoles en la reunión de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, evitó en todo momento a la prensa, pero ya en horas de la tarde su personal distribuyó un escueto comunicado donde asegura haber cumplido fielmente con sus obligaciones de rendir su declaración jurada de patrimonio.

El legislador asegura que aún no fue notificado de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en pleno de instruirle un juicio civil en la cámara segunda de San Salvador por los hallazgos en su declaración. Sin embargo, Cardoza dijo que anoche recibió una resolución de la Sección de Probidad de la Corte Suprema en el cual le da un plazo de 15 días para cumplir totalmente con su declaración.

El diputado a quien la Corte le congeló la posesión de inmuebles y sus cuentas bancarias no justificó en su declaración el aumento de su patrimonio en más de $1.2 millones de dólares. Cardoza declaró en 2009 un patrimonio líquido por arriba de $159 mil dólares y poseía cero cuentas por cobrar. Seis años después, Cardoza  aumentó su patrimonio mediante la compra de inmuebles para los cuales no accedió a créditos ni utilizó dinero de sus cuentas bancarias.

La Corte Suprema ya envió a la fiscalía el escrito correspondiente para que solicite el desafuero del legislador. Cardoza  dice que se le violentaron sus derechos de legítima defensa y audiencia, por lo que espera que el caso no represente una persecución en su contra.