Los votos del FMLN, GANA y 3 votos del PCN fueron suficientes la tarde del jueves para gravar con una tasa impositiva del 5%, las ganancias iguales o superiores a los $500 mil dólares, dinero que será utilizado en las acciones del Plan El Salvador Seguro.
La propuesta elaborada por el diputado Guillermo Gallegos de GANA, establecía originalmente una tasa del 10%; sin embargo durante la negociación con el partido FMLN se estableció en 5%.
“La contribución especial para la seguridad ciudadana tendrá por hecho generador la obtención de ganancias netas, iguales o mayores a $500 mil dólares y se calculara aplicando la tasa del cinco por ciento sobre el monto total de las mismas, obtenidas por cualquier persona jurídica, uniones de personas, sociedades irregulares, de hecho y domiciliadas o no”; indica el decreto que tendrá una vigencia de cinco años.
Los diputados Francisco Merino, Reynaldo Cardoza y Serafín Orante del PCN votaron a favor de la creación del nuevo impuesto, uniéndose de esta forma al bloque que mantienen GANA y el FMLN.
La medida es acompaña de una reforma al Código Tributario que restablecerá la Declaración de Patrimonio, destinada para personas naturales o jurídicas que posean altos ingresos. La Declaración del Patrimonio permitirá detectar el nivel de ganancia obtenida y si existe o no enriquecimiento ilícito.
Lorena Peña del FMLN insistió durante la sesión plenaria que la decisión ayudará a construir un país más justo, ya que pagará más impuestos el que tiene más ingresos; “se está avanzando en materia de progresividad tributaria”, sentenció.
El decreto es aprobado justo cuando la Sección de Probidad de la Corte Suprema de justicia investiga posible irregularidades en las declaraciones de patrimonio de al menos 13 diputados de la Asamblea. Reynaldo Cardoza, el diputado que apoyo la nueva ley tiene un juicio pendiente por enriquecimiento ilícito en los tribunales.
Milena Calderón de ARENA dijo que este impuesto tendría una especie de efecto cascada que terminaríamos pagando todos, es un impuesto que desincentiva la inversión y tendrá efectos en la economía.
Este nuevo impuesto persigue recaudar unos $70 millones de dólares anuales para la creación del Fondo de Seguridad Ciudadana.
