Antes de dejar el despacho de la Fiscalía General, el actual titular Luis Martínez deberá valorar si presenta ante la Asamblea Legislativa, la petición de antejuicio contra el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, quien enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito abierto ayer por la Corte Suprema de Justicia en pleno.

El fiscal es, según la legislación vigente, quien debe valorar la prueba encontrada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien ayer ordenó el congelamiento de bienes y cuentas bancarias del legislador y su esposa.

Mientras esto no sucede,  Cardoza está habilitado para continuar conformando pleno en la Asamblea, acudir a las comisiones donde tiene nombramiento e incluso participar en las reuniones de la junta directiva donde ostenta el cargo de secretario.

Mario Tenorio, de GANA, se abstuvo de comentar el caso del diputado Cardoza, pero insistió en que es el Fiscal quien debe valorar si envía la petición de retirar el fuero constitucional al legislador para ser procesado como un ciudadano común.

Tenorio explicó que su partido ha solicitado en la comisión de legislación que se apruebe un decreto que obligue a los partidos políticos a explicar de dónde provienen los recursos privados que utilizan en las campañas.

Precisamente ese es uno de los puntos que la corte observo al legislador porque no están claras las fuentes de financiamiento de su campaña como diputado.

Ana Vilma Escobar de ARENA destaco los avances logrados en materia de transparencia y rendición de cuentas y dijo que esto se ha logrado luego que el IAIP resolviera que las declaraciones patrimoniales de los diputados y demás funcionarios deben ser públicas.

“Cuando se hace un señalamiento serio, se tiene la obligación de rendir cuentas, sobre todo ahora que hay precedente de parte de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo Escobar.