Los diputados de la Asamblea Legislativa cumplirán el lunes un año de desobedecer la sentencia de la Sala de lo Constitucional que los obliga a revisar y aumentar la tasa de interés que el gobierno debe pagar a los trabajadores por el uso del dinero proveniente del fondo de pensiones.

Mientras los partidos se acusan mutuamente de no colocar en agenda el tema, nadie en la Asamblea, ningún diputado ha propuesto el debate del tema y ha presentado iniciativas serias que permitan actualizar la tasa de interés.

Enrique Anaya, asesor jurídico del Comité de Defensa de las pensiones aseguró que durante este año, los trabajadores que aportan al fondo de pensiones dejaron de percibir unos $140 millones de dólares en intereses; acumulándose más de $1,000 millones de dólares en perdida de intereses del fondo individual.

Desde 2008, producto de la crisis económica, la tasa libor desplomó la tasa de interés del fondo de pensiones y el gobierno únicamente paga a los trabajadores en promedio un 1.2% de interés por el uso del dinero. La sala de lo Constitucional resolvió en octubre de 2014 que el gobierno debería aumentar la tasa de forma que no perjudique el ahorro de los trabajadores para su pensión.

Luego de un año, el tema fue agendado en una ocasión y el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres propuso una tasa de entre 3.7% y 3.9%; sin embargo, no tendría un efecto retroactivo.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas dijo el jueves que la decisión le compete a la Asamblea Legislativa y es la que debe normar para aumentar la tasa de interés. En su análisis, la FUNDAUNGO reveló que la inversión de las pensiones está concentrada en deuda pública.

El fondo registra un ahorro de $8 mil 400 millones de dólares. El gobierno se niega a pagar una tasa de interés de acuerdo al mercado y limita el portafolio de negocios en los cuales se pueden invertir los fondos. Al contrario, mantiene una propuesta de reforma del sistema por medio del cual reclamaría el 50% del fondo y el 50% de las futuras cotizaciones.

Medardo González, coordinador del FMLN,  fue claro al expresar que “el gobierno debe quedarse con una mayor porción del pastel de las pensiones”.